En paralelo al avance del Gobierno nacional con su ambicioso plan de privatizaciones, crece la controversia por la inactividad de la comisión bicameral que debería controlar ese proceso. A siete meses del inicio de la gestión de Javier Milei y pese a las reiteradas solicitudes, el Congreso aún no logró poner en funcionamiento el órgano previsto por la Ley 23.696 para el seguimiento de la reforma del Estado.
La situación fue expuesta públicamente el pasado 26 de junio por el senador salteño Juan Carlos Romero, aliado del oficialismo, durante la última presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Por demora del Congreso no hemos podido constituir la Comisión. Diputados envió a los integrantes; el Senado tiene los suyos, y ya van casi dos años de mora. Me comentan que el bloque oficialista está pidiendo no constituirla por esa sensación de temor que a veces tiene el Poder Ejecutivo a que el Congreso funcione plenamente”, advirtió Romero, dejando al descubierto la tensión institucional que atraviesa el proceso.
La falta de control legislativo se produce en un momento clave. En los últimos días, el Boletín Oficial publicó resoluciones que habilitan los primeros pasos para vender empresas estratégicas como AySA, Intercargo, Corredores Viales, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue. A ellas se suman otras compañías incluidas en la Ley Bases, como Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Trenes Argentinos, que podrían ser licitadas antes de que finalice 2025.
El encargado de llevar adelante este proceso es Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, quien aseguró que “todas están en un grado de avance” aunque el llamado a licitación se concretará recién hacia fin de año. Las decisiones se toman bajo el paraguas legal otorgado por el Congreso en la Ley Bases, pero sin el contrapeso institucional previsto por el sistema democrático.
La bicameral de Reforma del Estado, encargada de monitorear estas acciones, no se reúne hace años. A pesar de que el bloque Unión por la Patria envió en diciembre pasado una carta firmada por su presidente, Germán Martínez, exigiendo su conformación, aún no hubo respuesta efectiva. Según la web oficial del Congreso, solo resta que la presidencia del Senado nombre a los representantes de ese bloque, ya que el resto de los integrantes fueron designados.
Por la Cámara Alta, ya están confirmados los senadores Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Juan Carlos Pagotto (LLA), Eduardo Vischi (UCR) y Carlos Espínola (Unidad Federal), mientras que faltan los dos lugares correspondientes a Unión por la Patria. Desde ese espacio afirman que los nombres fueron enviados “hace tiempo” y que la demora recae directamente en la vicepresidenta Victoria Villarruel. En Diputados, ya se designaron seis legisladores de diversos bloques y solo falta que se convoque a la primera reunión para elegir autoridades y ponerla en funciones.
El reclamo no proviene únicamente de la oposición kirchnerista. El propio Romero, histórico legislador vinculado al oficialismo, manifestó su preocupación por la falta de transparencia. En la oposición apuntan directamente a los presidentes de ambas cámaras. “Son Menem y Villarruel los que tienen que poner en marcha esto y no lo hacen mientras el Ejecutivo nos mete decretos privatizadores todos los días”, señaló un senador de UP.
La función de la bicameral no es bloquear ni frenar las privatizaciones, pero sí recibir información clave, solicitar datos sobre oferentes y contratos, y emitir dictámenes no vinculantes. Su inactividad representa, para muchos legisladores, una muestra de cómo el oficialismo busca evitar cualquier tipo de control institucional sobre decisiones sensibles.
En las últimas semanas, comenzaron a surgir críticas concretas por parte de varios bloques. La diputada Victoria Tolosa Paz, junto a Sabrina Selva y otros legisladores, presentó un proyecto para rechazar la privatización de AySA, calificándola como “una empresa esencial para la salud de casi 15 millones de personas”. El documento sostiene que la venta de la compañía viola el Convenio Tripartito aprobado por la Ley 26.221 y el Decreto 304/2006, ratificado por la Ley 26.100.
Incluso fuera del kirchnerismo hubo cuestionamientos. El diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, también expresó su disconformidad: “No puede ser. En la fallida licitación de la hidrovía se prohibía competir a empresas controladas por estados extranjeros por tratarse de un recurso estratégico. ¿Y ahora sí lo permiten?”, escribió en sus redes sociales.
Con el Congreso en receso, se espera que la presión política por la conformación de la bicameral se reanude en agosto, cuando el Ejecutivo busque avanzar con nuevas autorizaciones y licitaciones.