El próximo miércoles, el gobierno de Javier Milei se enfrentará a su primera movilización en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, tras la presentación del controvertido protocolo “antipiquetes” por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Este protocolo propone que las movilizaciones se realicen “en la vereda” para garantizar la libre circulación en calles y rutas durante protestas y bloqueos.
La manifestación, organizada por más de 250 agrupaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y ambientalistas, partirá desde el Congreso de la Nación hacia la Plaza de Mayo, conmemorando un nuevo aniversario del estallido social de 2001 que llevó a la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.
La ratificación de la marcha llegó un día después de que Bullrich anunciara el polémico protocolo “para el mantenimiento del orden público”, generando fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo la condena del Relator Especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule.
Advertencia de Bullrich: “Quédense en casa”
En declaraciones radiales, Patricia Bullrich advirtió a las organizaciones sociales que planean movilizarse el miércoles, indicando que “pueden manifestar lo que quieran, pero lo tienen que hacer sin cortar las vías”. La ministra criticó a quienes “manejan a la gente como ganado” y señaló al legislador porteño de izquierda Gabriel Solano, quien lideró una conferencia en contra del protocolo.
Bullrich cuestionó la capacidad de Solano para influir en la decisión de la gente: “Solano no va a tener capacidad de decirle a la gente [qué hacer]. Tienen que tomar su propia decisión. ‘¿Voy a una marcha y me sacan el plan, o me quedo en mi casa y sigo yendo a la cooperativa?’”, agregó.
Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, anticipó que un grupo de abogados presentará una acción judicial contra el protocolo, considerándolo un delito que prohíbe las movilizaciones populares. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también expresaron su rechazo al protocolo, anticipando acciones legales para su derogación.
