El Gobierno envió este jueves 15 de septiembre el proyecto de Presupuesto 2023 al Congreso y busca así tener el aval parlamentario para su hoja de ruta económica para el año próximo, que tendrá como pilares una expectativa de inflación mucho más baja que la prevista para el fin de 2022, el sostenimiento de una de las metas principales con el FMI como es la reducción del déficit fiscal, mantener el superávit comercial externo y un crecimiento de la actividad a un ritmo más leve.
Además, el texto de ley incorpora una adenda en la que propondrá a la oposición discutir una idea que manifestó el Fondo Monetario en las últimas conversaciones técnicas: que el Estado tiene espacio para reducir aún más su déficit si pone en marcha la eliminación de algunos beneficios y exenciones tributarias. Si todo ese paquete propuesto fuese eliminado por decisión parlamentaria, le implicaría al fisco un ingreso extra por 2,4% del PBI, lo que representaría prácticamente terminar con el déficit primario.
De acuerdo a datos oficiales, el denominado gasto tributario, que son los impuestos que el Estado deja de recaudar por las facilidades, exenciones y beneficios impositivos, incluye esquemas diferenciales para Ganancias, como las que tienen fundaciones, mutuales y cooperativas, la deducción especial para trabajadores en relación de dependencia que desarrollan su actividad en la Patagonia y los ingresos de magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales, más otros para IVA y Bienes Personales, junto con los regímenes de promoción económica.
El Presupuesto 2023 está diseñado en base a esa premisa, aunque desde el equipo económico aseguran que si la coyuntura requiriera medidas adicionales hacia el “ordenamiento fiscal”, el Ministerio de Economía podría revisar los gastos tributarios, es decir aquella porción de impuestos que el fisco deja de recaudar por los esquemas diferenciales tributarios.
El texto que Sergio Massa envió al Congreso prevé que este año termine con una mejora de 4% en el Producto Bruto y que el 2023 registre una desaceleración en ese crecimiento, que quedaría así en 2% anual, una velocidad que el Gobierno espera que se sostenga incluso hasta 2025.
La inflación, que este año finalizaría en torno de 100% según las estimaciones privadas, debería retroceder a un ritmo de 60% anual, de acuerdo al proyecto de ingresos y gastos que llegó al parlamento. Esto implicaría una baja de unos 35 puntos porcentuales respecto a la estimación final que hacen en el Palacio de Hacienda para 2022, que orilla el 95 por ciento.