En el marco de la reforma del Estado, el Gobierno enviará a la Legislatura una iniciativa -que fue anunciada por el gobernador Raúl Jalil en la Asamblea Legislativa- que apunta a realizar cambios profundos en la estructura del sector público a partir de la emergencia.
Este proyecto declara la necesidad de la reforma del Estado en lo administrativo y funcional, aplicable a la Administración Pública Provincial en todos sus poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), Tribunal de Cuentas; organismos descentralizados; entidades autárquicas; empresas y sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
En el capítulo II, referido al ingreso a la Administración Pública, se establece que será por concurso de antecedentes y oposición. Para ello se conformará un Comité de Ingreso al Estado Provincial, integrado por representantes de los tres poderes, encargado de establecer el procedimiento unificado para la sustanciación de los concursos.
El artículo sexto dispone suspender por el plazo de tres años la designación y/o contratación de personal, “salvo que se trate de necesidades objetivas directamente relacionadas con las funciones o servicios esenciales”.
Además, cada organismo estará facultado “para reducir la jornada laboral, reasignar funciones, trasladar su personal, suprimir o limitar la autorización de horas extras o mayor carga horaria, revisar y -en su caso- revocar el otorgamiento de licencias especiales”.
Por último, se crea una “Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento de la Reforma del Estado” que estará integrada por un representante de los diversos Ministerios del Poder Ejecutivo, el presidente de las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia y un representante designado por el Poder Judicial, que tendrá por el objeto el seguimiento, evaluación y reglamentación de la reforma.