El Gobierno nacional ha señalado la urgencia de una reforma previsional en el Pacto de Mayo, firmado con varios gobernadores, con el objetivo de hacer sostenible el sistema y recuperar los bajos haberes de los jubilados. Sin embargo, el debate sobre este tema aún no se anticipa en el horizonte inmediato de la Casa Rosada.
De cara a 2025, se prevé una serie de medidas que incluyen el congelamiento del bono que complementa los haberes mínimos, que mayormente benefician a aquellos que accedieron a través de planes especiales, a pesar de un contexto de alta inflación a nivel internacional. También se contemplan acciones para abonar sentencias jubilatorias y la decisión de no renovar la moratoria previsional, que finalizará en marzo del próximo año.
Desde el Gobierno se sostiene que el momento no es propicio para abordar una reforma integral del sistema jubilatorio, un tema que ha generado interés en otros sectores políticos. La tensión que surgió durante la discusión sobre la fórmula de actualización de haberes ha desincentivado iniciativas que impliquen cambios profundos en el sistema.
En este contexto, el Poder Ejecutivo ha delineado algunos lineamientos para la política previsional de 2025. Según el presupuesto presentado ante la Cámara de Diputados, se prevé un aumento real del 1% en la partida destinada a Anses, que representará el 45% del total nacional.
El director de Anses, Mariano de los Heros, anunció que el bono que complementa el haber mínimo, actualizado en marzo a $70.000, permanecerá congelado durante todo 2025. Esta decisión generó críticas inmediatas de los bloques opositores, que advirtieron que esto representará un recorte en el poder adquisitivo de los jubilados. Sin embargo, el Gobierno afirma que no hay margen fiscal para cambiar esta decisión.
La capacidad de compra de los haberes previsionales es una cuestión crucial, ya que el Gobierno sostiene que los jubilados, excluyendo el bono, han mantenido su poder adquisitivo frente a la inflación. No obstante, el deterioro real de los $70.000 ha erosionado significativamente su capacidad de compra.
Nadin Argañaraz, director de Iaraf, señaló que “los jubilados que cobran la mínima y el bono vivieron su peor situación relativa en febrero y su ingreso real alcanzó un pico en junio de 2024”. Agregó que en octubre, el ingreso real sería un 3,4% inferior al de noviembre de 2023.
Otro tema de intenso debate es el fin de las moratorias jubilatorias, que concluirán el 23 de marzo. De los Heros anticipó a la oposición que no habrá renovación de este régimen, dado que el presupuesto de 2025 no contempla partidas específicas para ello. El Gobierno se apoyará en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que no alcanza a cubrir una jubilación mínima, para aquellos con insuficiencia de aportes.
En cuanto a las cajas jubilatorias provinciales, un tema recurrente en las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores, este año la Nación no envió fondos para cubrir déficits previsionales de sistemas no transferidos, lo que ha generado reclamos por parte de las provincias. Anses ha realizado auditorías para evaluar la magnitud de estos desequilibrios, y ha encontrado casos en que algunas provincias reclamaban déficits que en realidad eran superávits.
El Gobierno también ha decidido abordar el pago de juicios jubilatorios en dos etapas: primero, se reajustarán los haberes de los demandantes y luego se atenderán los retroactivos, que suman unos 36,000 casos. La prioridad será liquidar los ajustes, y se prevé que para agosto o septiembre de 2025 se hayan pagado los reajustes de 92,000 juicios en stock.
En relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el Gobierno no logró incluir en la Ley de Bases un artículo que permitiera desprenderse de acciones de empresas privadas. Sin embargo, mediante un decreto, se determinó que el FGS podrá mantener títulos públicos del Tesoro hasta fines de 2027, aunque su proporción deberá reducirse del 70% actual al 50% de la cartera total.
Un proyecto impulsado por dos diputados del oficialismo busca abrir el debate sobre regímenes de privilegio jubilatorios, para que los haberes de funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos sean incorporados al sistema regular. Si bien existe un consenso sobre la necesidad de revisar estas situaciones, el problema es más amplio que un grupo reducido de esquemas diferenciales. Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), cerca del 40% de los beneficios previsionales en el país pertenecen a estos regímenes, representando un gasto público significativo, estimado en alrededor del 5% del PBI en el último año.