La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó el martes una acusación constitucional contra Castillo por corrupción. Le imputa los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, por el supuesto direccionamiento ilegal de obras públicas para favorecer a empresarios allegados y recibir a cambio beneficios económicos. La fiscalía acusa a Castillo de encabezar una supuesta organización criminal que manejaba las licitaciones.
La acusación de la fiscalía incluye a los exministros de Transportes, Juan Silva, prófugo desde julio pasado, y de Vivienda, Gainer Alvarado, con impedimento de salida del país. El entorno familiar más cercano al presidente también está incluido en la acusación fiscal. La cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, está en prisión preventiva desde agosto, y contra la primera dama Lilian Paredes hay un pedido de impedimento de salida del país que se debe resolver en los próximos días. Otros dos cuñados y dos sobrinos del jefe de Estado, uno de ellos prófugo, también son sindicados por la fiscalía de formar parte de esa supuesta trama de corrupción.
De acuerdo al documento presentado ante el Congreso, la fiscal manifestó: “Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”.
A partir de ahora, la denuncia deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en caso de prosperar pasará a la Comisión Permanente, para luego recaer en el pleno del Parlamento.
Actualmente, el mandatario enfrenta seis acusaciones, cinco de las cuales fueron formuladas por la fiscalía de la Nación. Pedro Castillo, que lleva un año en el cargo para el cual fue elegido hasta 2026, vive bajo el cerco fiscal por presunta corrupción y el pertinaz asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia.