Un artículo del diario Infobae, publicado días atrás y en el que se informa el patrimonio declarado de los gobernadores provinciales, disparó una discusión comparativa, simplista e insustancial sobre qué mandatario tiene más recursos personales. Encendidos debates en redes sociales y medios de comunicación tras la premisa tácita de que el que tiene más dinero es el más malo. Una controversia que, además de inconducente, distraen la atención de cuestiones derivadas de ese informe que sí son preocupantes y merecen revisión política urgente: la opacidad en la información pública y los parámetros irrisorios para el cálculo de los patrimonios personales.
Bajo el título “Los 5 gobernadores con mayor patrimonio y los 11 que prefieren no publicar su declaración jurada”, el portal periodístico digital Infobae publicó un informe elaborado en base a información pública distribuida por canales gubernamentales oficiales o remitida por las provincias a petición del medio. Detallando, no solo el patrimonio de los mandatarios que lo declararon, sino también señalando a aquellos que no hicieron pública dicha información.
En una sociedad agitada por el enfrentamiento esteril y que se dinamiza en base discusiones de politiquería simplificada, ese artículo propició una disputa dialéctica y discursiva en la que solo importa interpretar la información para desacreditar o criticar al mandatario de la fuerza política ajena. En esa lucha retórica superficial, en la que la regla es “el que tiene más patrimonio, pierde”, todo el esfuerzo crítico-analítico se puso en evaluar, aplicando el abordaje más conveniente, quien es mejor o peor, según cuánto dinero, propiedades, acciones en empresas o vehículos posea. Una discusión improductiva, que no atiende el verdadero objetivo de esa información y que, para peor, tapa con humo aspectos más serios que sí ameritan un debate profundo y urgente.
Más allá del morbo chismoso que despierta el inmiscuirse en las finanzas de los políticos, la presentación de declaraciónes juradas es un mecanismo de control de la evolución patrimonial de quienes ejercen cargos públicos. Cómo conceptualiza la Oficina Anticorrupción “las Declaraciones Juradas (DDJJ) permiten detectar y prevenir situaciones de conflicto entre el interés público y los intereses privados, personales, profesionales, comerciales o financieros de los funcionarios. Alertan sobre casos de posible enriquecimiento ilícito, ante los cuales intervienen” los órganos correspondientes según la provincia, “para despejar dudas o incluso adoptar acciones para sancionar esas conductas”.
Un crecimiento desmedido e injustificado del patrimonio debería reflejarse en la comparativa de dichas presentaciones, sean de presentación anual o al principio y final del mandato. Y para ser eficiente en ese cometido es necesario que se cumplan dos condiciones: que la información sea transparente y accesible y que la fórmula de cálculo de ese patrimonio sea fiable. Requisitos que, a simple vista, no se cumplen.
El informe periodístico antes citado logró reunir la declaración jurada de 12 gobernadores. De estos, seis (Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires), Rodolfo Suárez (Mendoza), y Gerardo Morales (Jujuy), Mariano Arcioni (Chubut), Juan Schiaretti (Córdoba) y Axel Kicillof (Buenos Aires)) las publican anualmente en portales de acceso libre. Mientras que los seis restantes (Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz)) las remitieron a la redacción por pedido del medio.
De los restantes once mandatarios, no fue posible conocer el patrimonio que declararon, ya que, ante el pedido del medio, se ampararon en distintas normas provinciales de ética pública que si bien los obligan a presentarla ante el Tribunal de Cuentas de sus provincias o la Escribanía General de Gobierno, no contemplan su publicidad.
Según la Convención Interamericana contra la Corrupción, las declaraciones juradas son un instrumento esencial para ejercer un control, no solo institucional sino también ciudadano, sobre los funcionarios y prevenir los delitos contra la administración pública. Por lo que cualquier normativa, disposición o mecanismo que limiten o entorpezcan el acceso a esa información implica .
En Catamarca, la Constitución Provincial establece en el artículo 167 la obligatoriedad de presentar “una declaración jurada de los bienes propios y de los de sus padres, hijos y
cónyuges” para los “todos los funcionarios público”. Por su parte, el artículo 11 garantiza “…el libre acceso a las fuentes de información”.
Sin embargo, la ley provincial 5336 de “Libre acceso a las fuentes de información pública” (que reglamenta el artículo 11 de la CP) establece que ese acceso se hace a solicitud del interesado, cumplimentando varios requisitos, argumentando los motivos de la solicitud, y que será respondida en plazos que pueden llegar hasta los 45 días hábiles. Con lo que, en la práctica, la idea de la transparencia y fluidez en el acceso de la información para el control ciudadano queda trunca o al menos limitada.
El otro asunto que debería debatirse con preocupación, es la fórmula o mecanismo para el cálculo del patrimonio, que hoy arroja valores ridículos y totalmente distorsionados. Una lectura rápida del inventario de bienes informado por los mandatarios, los valores declarados y el valor total del patrimonio no deja dudas de que algo en ese cómputo no se ajusta a la realidad y devuelve números irrisorios.
Por ejemplo, el jefe de gobierno de CABA, Rodriguez Larreta, declaró un departamento de 200 m2 en Recoleta, valuado en su declaración jurada en 4.364.890 de pesos. Cuando, a valor de mercado, el metro cuadrado de en ese barrio porteño cuesta unos 2940 dólares. Una operación matemática muy simple demuestra que, en el mercado inmobiliario, ese departamento está valuado en no menos de 80 millones de pesos.
Si hacemos el mismo ejercicio con la declaración jurada del gobernador Raúl Jalil, el panorama no difiere demasiado. El mandatario catamarqueño declaró al inicio de su gestión 9 inmuebles: cinco casas en la Capital, el 50% de otra propiedad en Sumalao, el 50% del loteo Alto del Valle, otra propiedad en El Rodeo y la mitad de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque no detalla su valuación ni su superficie, claramente valen muchísimo más que los 14 millones declarados como patrimonio neto total.
Ni que decir, si se suman la participación accionaria en las empresas familiares del ámbito de la salud (el 12,5% en Sanatorio Pasteur SA, Sanatorio Junín SA, Instituto Médico Privado SA, y de las farmacias Red Colón SA y Droguería Mitre) y otras empresas del sector inmobiliario, de servicios y agropecuario consignadas en la DDJJ. No hace falta ser economista, experto en finanzas ni corredor inmobiliario para ver que los activos están sumamente subvaluados y generan una distorsión en el parámetro de control. que se repite en los dat
Señalando esto, no se está acusando a los mandatarios de falsear sus DDJJ ni se los responsabiliza de que el mecanismo de cómputo que se utiliza sea totalmente inutil. Pero si se advierte que el cálculo depreciado del patrimonio de los funcionarios, no solo genera desconfianza en la sociedad, sino que además atenta contra el objetivo de esas presentaciones.
Si las declaraciones juradas buscan controlar la evolución patrimonial de los funcionarios y detectar cualquier crecimiento injustificado, pero los bienes declarados están subvaluados, el sistema de auditoría tiene claramente un flanco débil por donde ser vulnerado. Solo para ilustrarlo y con cifras muy generales, figúrese que un gobernador X tiene asignado un sueldo de 200 mil pesos al mes, es decir una salario anual de 2.6 millones de pesos. A final de su mandato habrá percibido casi 10.5 millones de pesos. Si en ese momento, al presentar su DDJJ, este funcionario declarará un departamento nuevo como el de Rodriguez Larreta, no es lo mismo que el inmueble sea valorado en 4.5 millones de pesos (según el valor asignado en la declaración) a que esté tasado 80 millones (el valor real del mercado). O si detalla nueve propiedades nuevas, como las declaradas por el gobernador Jalil, no es lo mismo que se tasen en menos de 14 millones a que se las declaren con los valores reales de mercado de varias decenas de millones. Evidentemente, unos valores entrarían en los parámetros de crecimiento justificado y los segundos montos claramente serían difíciles de explicar.
La pelea tribunera de comparar el valor del patrimonio total de los gobernadores y querer demonizar al que más tiene o beatificar al austero es un bluf que distrae de lo que realmente preocupa del análisis de esas DDJJ. Lo que se debería discutir es un sistema de declaraciones juradas que, por distorsionadas o inaccesibles, atentan contra el principio de control institucional y ciudadano. No es Rodríguez Larreta más malo que Kicillof por tener más patrimonio. Ni Jalil es nefasto por estar entre los cinco gobernadores con más activos declarados. Tal vez tampoco sean responsables de los sistemas que regulan la elaboración y publicaciones de esas DDJJ. De lo que sí deberían responsabilizarse los mandatarios es de generar las reformas y modernización necesaria para garantizar ese control, que hoy es casi un simple formalismo.