Tras la decisión del gobernador Axel Kicillof de apartar a un grupo de efectivos de la Policía Bonaerense por su vínculo con el candidato libertario Maximiliano Bondarenko, el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, afirmó que los desplazados “funcionaban como una célula militante” de La Libertad Avanza.
En declaraciones a radio Splendid, Alonso explicó que “la policía tiene derecho a votar, a pensar y expresarse libremente, no hay ninguna persecución”, y destacó que durante la gestión del gobernador “en seis años no se persiguió a nadie”. Incluso mencionó que “hay intendentes en funciones que provienen de la Policía Bonaerense”.
Sin embargo, advirtió que “el problema aparece cuando una división de la fuerza comienza a ser conducida desde afuera, por un policía retirado, y actúa como una estructura orgánica partidaria bajo las órdenes de un candidato”.
Según Alonso, existen múltiples pruebas que sustentan la decisión del Gobierno: “Hay audios, imágenes, capturas de pantalla e informes detallados que demuestran que una parte de la Policía Ecológica estaba siendo coordinada por un comisario mayor para responder directamente a La Libertad Avanza”.
El funcionario fue más allá y denunció que este grupo le habría ofrecido a Bondarenko “financiamiento para la campaña con plata negra” y que además prestaban asesoramiento político a legisladores y concejales libertarios en temas de seguridad. “Redactaban pedidos de informes y notas con membrete de La Libertad Avanza. Eso no tiene ninguna justificación institucional”, remarcó.
Alonso también reveló que los efectivos planeaban una reforma policial radical si el partido llegaba al poder: “Querían avanzar con una purga de los altos mandos, pasar a retiro a oficiales con más antigüedad que ellos y quedarse con el control de la Policía en caso de un eventual triunfo de LLA en 2027”.
Finalmente, el ministro subrayó que “la ley orgánica de la Policía Bonaerense prohíbe expresamente la participación de sus miembros en actividades político-partidarias”, y ratificó que la medida adoptada por el Ejecutivo provincial busca preservar la neutralidad de la fuerza y evitar su uso con fines electorales.