El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el desalojo del vacunatorio público que operaba en un predio de Pilar desde la pandemia de COVID-19 y dispuso su devolución a un fondo privado cuyos propietarios siguen bajo investigación judicial por presunto lavado de activos.
El espacio en cuestión había sido originalmente concebido como un desarrollo inmobiliario de lujo, con viviendas exclusivas y la sede de una universidad privada. Sin embargo, sus titulares fueron señalados en causas judiciales por presuntas maniobras de blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico.
En 2020, en el marco de la crisis sanitaria, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tomó posesión del predio y lo cedió a la municipalidad de Pilar para ser utilizado como centro de vacunación contra el coronavirus.
Desde 2023, Martínez de Giorgi había manifestado su intención de devolver el inmueble a sus anteriores propietarios. Finalmente, este mes ordenó el desalojo, ejecutado por la Prefectura Nacional. Como resultado, quedaron abandonados en el lugar medicamentos, vacunas y registros de salud. El predio fue restituido al fondo privado denominado Pilar Bicentenario.