El gobierno de Raúl Jalil sigue con las grandes promociones y ya lanzó el One Shot para Chorros. Este novedoso sistema pensado para los delincuentes de alta alcurnia, permite que si alguien comete un delito pueda comprar su libertad con plata del Estado.
No hubo bono este año, pero con esta medida fabulosa se beneficia a emprendedores del robo y la extorsión, y se ahorra en el presupuesto de la cárcel, ya que muchos internos pueden quedar libres pagándole a los jueces.
El trámite es sencillo: se debe tener un familiar en un cargo alto del Gobierno, por ejemplo un intendente o ministro que pueda aportar unos cuantos millones al delincuente-emprendedor, y cuando se cometa un delito esa plata fácil puede pagarse a los jueces para que cierre la causa.
Una idea genial para movilizar la economía en tiempos de recesión. ¿Es un chiste? No, es lo que sucedió en el violento robo de Parque América, donde se amedrentó a una familia con armas y después se descubrió que los delincuentes eran de la parentela del oficialismo.
“Uno de los beneficiados en el escándalo de las absoluciones pagas fue Camilo Carrizo, hermano del intendente de Saujil, Enzo Carrizo (UP), y primo de la ministra de Seguridad, Fabiola Segura. Carrizo se dedica al comercio y justamente por su actividad y la ausencia de antecedentes fue que el juez de control de Garantías, Rodolfo Maidana, había decidido otorgarle la libertad con restricciones en octubre pasado. Ahora se conoció que Carrizo era además proveedor del Estado Provincial, y que entre 2023 y 2024 había logrado algunas ventas que superaron los 80 millones de pesos: algunas de ellas, fueron elementos que requirió el Ministerio que conduce su prima” reveló El Ancasti hoy.
Se agrega que la información está disponible en el portal de Compras del Gobierno de la Provincia. Allí puede verse que Camilo Alberto Carrizo está inscripto como proveedor del Estado desde el 15 de marzo de 2021 en los rubros de ferretería, electricidad, telefonía y pinturas; y actualmente se encuentra con el registro desactualizado por el vencimiento de documentación. Sin embargo, en una búsqueda de procesos en los que participó se puede ver que entre 2023 y 2024 realizó ofertas en al menos 19 expedientes de compra y logró venderle al Gobierno en diez oportunidades.
En tal sentido, los elementos que le compraron alcanzaron la suma de 81,6 millones de pesos y la mayor parte los objetos que vendió fueron para el Ministerio de Seguridad que conduce su prima, aunque los expedientes se tramitaron desde la Secretaría de Compras y Abastecimiento. En tal sentido, hay registros de cuatro expedientes en los que vendió elementos al Ministerio de Seguridad; otros cuatro al Ministerio de Salud, y también hay para el Ministerio de Educación y el de Desarrollo Social. Todos por el mecanismo de la contratación directa.
De los 81 millones en ventas que Carrizo le facturó al Estado, más de la mitad están en un solo contrato: en abril, entregó al Ministerio de Seguridad 320 conos señalizadores, 80 matafuegos, 60 bastones luminosos para balizas señalizadoras, 60 balizas intermitentes, 300 cintas señalizadoras de peligro y 120 pilas alcalinas de primera marca, todo por unos 41 millones de pesos.
En otros expedientes vendió cientos de elementos de electricidad (tomas, lámparas led, etc.) y hasta cajas de herramientas, pinzas, martillos, serruchos, etc.
Camilo Carrizo es uno de los cuatro integrantes de la banda que fue imputada por el asalto a los hermanos Rolón Reynoso en una casa del Barrio Parque América en septiembre de este año. Junto a él, fueron detenidos Diego Arroyo, Fernando Pacheco y Guillermo Nieva.
En octubre, el juez de control de Garantías, Rodolfo Maidana, concedió la libertad bajo caución a Carrizo y Nieva, al considerar que ambos tenían “suficiente arraigo en la provincia, en donde tienen su familia y desarrollan su actividad comercial, a lo que cabe agregar que no registran ningún tipo de antecedentes ni policiales ni judiciales”.
El fiscal Hugo Costilla y el juez Maidana convalidaron un acuerdo entre los Rolón Reynoso y los cuatro imputados, por el cual los delincuentes pagaron $8.000.000 a modo de resarcimiento y fueron absueltos.