Cristina Fernández de Kirchner volvió a la justicia para disputar la decisión de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que suspendió el cobro de sus asignaciones previsionales como ex mandataria y viuda de un ex presidente. La demanda fue presentada el martes y busca revertir la medida adoptada por el Ministerio de Capital Humano, basada en la confirmación de su condena en la causa Vialidad.
En su presentación judicial, la ex vicepresidenta solicita la nulidad del acto administrativo que revocó sus pensiones y una medida cautelar para restablecer, al menos, la correspondiente a su condición de viuda de Néstor Kirchner. La situación recuerda el enfrentamiento legal que mantuvo con el gobierno de Mauricio Macri, cuando también se intentó bloquear el cobro de sus beneficios previsionales, pero la justicia falló a su favor.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de la Seguridad Social N°10, subrogado por Ezequiel Pérez Nami, quien anteriormente intervino en un caso similar. Sin embargo, fuentes judiciales indican que el magistrado podría excusarse de tramitar esta nueva demanda.
En un escrito de más de 140 páginas, la defensa de Fernández de Kirchner sostiene que la decisión del gobierno actual forma parte de una persecución política reiterada a través de actos administrativos. Además, menciona que la revocación de sus pensiones no tiene un criterio uniforme, ya que a la viuda del ex presidente Carlos Menem se le mantiene su beneficio previsional, a pesar de haber fallecido con una condena firme en su contra.
La demanda argumenta que la resolución de ANSES es nula, ya que revierte derechos previamente reconocidos y ratificados judicialmente. También menciona que el retiro de beneficios otorgados por la ley requiere un juicio político durante el ejercicio del cargo, algo que no ocurrió en este caso.
En su presentación, Cristina Kirchner menciona el precedente del ex juez Jaime Lamont Smart, condenado por delitos de lesa humanidad, a quien la justicia permitió seguir cobrando su pensión. Esto refuerza su alegato de desigualdad en la aplicación de la normativa. Asimismo, enfatiza que la seguridad social es un derecho humano protegido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
La defensa de la ex presidenta también señala que sus bienes están inhibidos en otras causas judiciales y que sus únicas fuentes de ingreso son las pensiones suspendidas por ANSES. En ese sentido, remarca que estas asignaciones son inembargables y fundamentales para su sustento.
En cuanto al proceso administrativo, la pensión de viuda de Kirchner fue otorgada en diciembre de 2010, y siete días después de concluir su mandato en 2015, Cristina Fernández solicitó el beneficio previsional correspondiente a los ex presidentes, conforme a la Ley 24.018. La actual gestión gubernamental argumenta que este beneficio es un reconocimiento honorífico y que su suspensión está justificada por la reinterpretación del artículo 29 de la mencionada ley.
Como medida cautelar, la ex presidenta solicita que se suspenda la ejecución de la resolución de ANSES hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. También ofreció como contracautela el retroactivo del pago de su pensión, solicitando su suspensión mientras persista la emergencia previsional.
