En menos de dos semanas se cumplirá el segundo aniversario del brutal asesinato del ministro Juan Carlos Rojas, hecho de sangre que abrió paso a una causa judicial sorprendente, donde la inacción deliberada amenaza con batir todos los records.
Dos años después no hay un detenido, no hay progresos en la investigación, no hay hipótesis firmes, no hay esclarecimiento, no hay justicia y no hay ningún interés. Los políticos de todos los partidos que marcharon junto a los familiares en algún momento, desaparecieron apenas se fueron las cámaras, el Gobierno siguió como si nada, y no se respondió ninguna de las preguntas más elementales.
La suerte de “Rojitas” le importa hoy, aparentemente, sólo a su familia. El poder político sólo reaccionó y se movilizó para defender al fiscal Laureano Palacios. Resuelto ese punto, dio por terminada su tarea.
La clave de este estancamiento inexplicable es que no se quiere avanzar. Se quiere dejar todo como está y que el olvido termine de tapar todo. Por ahora lo están logrando.
Es la única manera de entender lo que pasa, porque no hay forma de ver el expediente sin preguntarse por qué no se indaga sobre los aspectos más evidentes.
Hablamos del Ministerio de Desarrollo Social y las irregularidades y negociados que ahí se ventilaron. El Gobierno primero mandó verdura con la idea de la muerte natural, después lanzó la teoría de un problema de polleras, de un robo violento, de un ataque de la propia familia, mil versiones inconsistentes.
Y en esa pérdida de tiempo fueron logrando que pasen meses y meses, sin descubrir nada
Pero a nadie parece importarle el tema principal: la plata de Desarrollo Social, las deudas gigantescas, los negocios paralelos, todo eso que Rojitas vio cuando asumió, y que terminó con su vida en pocos meses.
Nadie se puso a investigar esa línea seriamente, nadie se pregunta por qué desaparecieron elementos clave en la causa, por qué se alteró y borró documentación, por qué ingresaron a su computadora después de muerto, por qué los manejos del ministerio y sus problemas se manejan como un secreto de Estado.
El testimonio al que tuvo acceso este medio es elocuente. No hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta de que hay algo raro en Desarrollo Social, lo dicen los propios empleados, lo dicen en el gremio, lo dice el expediente.
Qué compromiso político obliga al Gobierno a mirar para otro lado es la incógnita. Qué intereses tan grandes hacen que con todo lo que pasó el ministerio cambie de cara pero siga en las mismas manos es el misterio. Quién baja órdenes a la justicia para que la investigación siga girando por todas partes como en una calesita sin meterse en el asunto central es la duda.
Parece que el Gobierno le tiene más miedo al tema de la posible corrupción y los fraudes millonarios que al propio crimen.
Por eso dos años después del asesinato del ministro, seguimos parados en el punto de partida.
El catucho