Productores, comerciantes y organizaciones vinculadas al campo impulsaron la movilización. Convocaron manifestaciones en 80 distritos de 11 provincias argentinas.
Desde las 16 de este sábado, comenzó un banderazo de productores agropecuarios y de distintos sectores de la sociedad en repudio de la expropiación de la cerealera Vicentín y “en defensa de la propiedad privada”, bajo la convocatoria “Banderazo nacional”. La movilización tiene su epicentro en Avellaneda, Santa Fe, pero se multiplicó en distintas ciudades de todo el país.
La marcha pretende que el Gobierno dé marcha atrás con la intervención al grupo agropecuario, que se encuentra en convocatoria de acreedores desde febrero pasado y afronta un volumen de deuda superior a los 1.500 millones de dólares.
Es una iniciativa que es acompañada por distintas entidades del campo, como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) y la Sociedad Rural de Rosario. Usaron el lema “Hoy es Vicentin, mañana sos vos”.
“Que no nos confundan, no acataron ningún fallo judicial. El gen autoritario los hace creerse dueños de tus bienes, tu vida y tu futuro. Hoy, #20DeJunio les vamos a mostrar que no queremos patoterismo ni autoritarismo que nos gobierne. Queremos #Democracia y #República”, planteó en su cuenta de Twitter Ricardo Buryaile, el diputado nacional y ex ministro de Agroindustria que fue parte de la histórica Mesa de Enlace del campo que en 2008 frenó la resolución 125 que establecía retenciones móviles.
Ante el posible fracaso de que el Estado se ponga al frente de la conducción de la compañía a través de los mecanismos legales que se contemplan en los concursos de acreedores, el presidente reconoció que se avanzará con el proyecto de expropiación en el Congreso.
Este viernes, el gobernador de Santa Fe, el peronista Omar Perotti, dio a conocer los detalles del mecanismo que elaboró con el aval del presidente Fernández para intervenir la compañía.
El plan es solicitar una intervención en el marco del proceso de convocatoria de acreedores, en el que se incluyen a más de 2.600 proveedores, y que a principio de marzo inició el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Reconquista.
Se pretende crear un cuerpo de intervención tripartito, con participación de Gabriel Delgado y Luciano Zarich, los dos elegidos por el presidente Fernández para hacerse cargo de la intervención por 60 días que se estableció mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado el pasado 9 de junio, y de un representante de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe.
La iniciativa fue presentada luego de que el juez que lleva adelante el concurso de acreedores limitara las decisiones de los interventores nombrados por el Estado y repusiera al directorio de la empresa, una decisión que fue criticada por el jefe de Estado.