El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma el sistema de inteligencia argentino y establece que los agentes de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) podrán detener y arrestar personas sin intervención judicial previa, una facultad que hasta ahora estaba prohibida por ley.
Según el texto del decreto, que fue publicado a fines de diciembre en el Boletín Oficial y entró en vigor recientemente, todas las actividades del sistema nacional de inteligencia “revisten carácter encubierto”, y el personal podrá “proceder a la aprehensión de personas” en el marco de actividades de inteligencia y en situaciones de flagrancia, sin necesidad de una orden de un juez.
Desde el Ejecutivo se defendió la medida como una actualización del régimen de inteligencia para enfrentar “amenazas y desafíos del siglo XXI”, y se ratificó que la SIDE continuará bajo el mando de su actual titular, con dependencia directa del Poder Ejecutivo. El decreto también reorganiza el sistema, creando nuevas agencias especializadas como la de contrainteligencia y la de ciberinteligencia.
La ampliación de poderes incluye además una mayor cooperación operativa con las fuerzas armadas y de seguridad, y la eliminación de la dirección de inteligencia militar dependiente del Ministerio de Defensa, cuya función se transfiere a nuevas estructuras dentro de las propias fuerzas.
Rechazo y advertencias
La decisión generó críticas de la oposición política, expertos legales y organizaciones sociales que la calificaron como un retroceso para las libertades civiles y un riesgo para los controles democráticos. Según legisladores opositores, la norma transforma a los agentes de inteligencia en una suerte de “policía secreta” sin los límites habituales de supervisión judicial y parlamentaria.
Especialistas en derecho constitucional advirtieron que la posibilidad de detener personas sin orden judicial puede entrar en conflicto con garantías fundamentales y con la división de poderes, y algunos organismos de derechos humanos anunciaron que podrían recurrir a la justicia para cuestionar la medida.
Además, sindicatos y organizaciones civiles señalaron que la reforma no solo fortalece las facultades de la SIDE, sino que centraliza control y recursos, lo que —según sus críticas— podría facilitar prácticas de vigilancia generalizada o persecución política.
