El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, firmaron el Decreto 87/2026, mediante el cual el Estado argentino dejó de actuar como querellante en la causa penal que investigaba el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tomado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y deroga el artículo del decreto anterior que habilitaba a la Procuración del Tesoro de la Nación a intervenir como parte acusadora.
La causa, identificada como Causa N° 3561/2019, se inició con la acusación de posibles delitos de “defraudación por administración fraudulenta” y “defraudación contra la administración pública” relacionados con el crédito más grande en la historia del FMI, que incluía a figuras como Mauricio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y también a los actuales ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, quienes en ese entonces ocuparon altos cargos durante la negociación del préstamo.
Al instruir a la Procuración del Tesoro a cesar su intervención como querellante, el Gobierno nacional dio marcha atrás con lo dispuesto por el Decreto 239/2021, emitido durante la gestión de Alberto Fernández, que había habilitado al organismo a representarse en la causa en nombre del Estado. El Ejecutivo argumentó que la participación de la Procuración en causas penales es excepcional y que el Ministerio Público Fiscal —órgano técnico especializado e independiente— es el más adecuado para impulsar acciones de esta naturaleza.
La decisión se produce poco después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenara el archivo de la causa, al considerar que las decisiones financieras de política pública no configuraban delitos penales, aunque el fiscal del caso, Franco Picardi, apeló esa resolución y pidió que la investigación continúe en la Cámara Federal de Apelaciones.
Con el retiro del Estado como querellante, la causa sigue su curso, pero ahora sin la presencia de un representante del Gobierno nacional como acusador particular, lo que redefine el papel de la acción penal en un expediente que fue uno de los ejes de debate judicial y político en los últimos años.
