Más de 2.000 magistrados y jueces asumieron tras los comicios del 1 de junio; la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el fin del “nepotismo y la corrupción”, mientras ONG y oposición alertan por el riesgo de captura política y criminal del sistema.
México comenzó este lunes una etapa inédita en su historia institucional con la asunción de los primeros jueces elegidos por voto popular. Más de 2.000 cargos judiciales, incluidos ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales y jueces federales y estatales, tomaron posesión tras los comicios del 1 de junio, caracterizados por una baja participación del 13% y denuncias de irregularidades.
La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó su primer informe de gobierno para dar la bienvenida al “nuevo poder judicial”, que calificó como “un hecho inédito y profundamente democrático”. Según la mandataria, con los nuevos jueces “se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia”.
En el acto se destacó la llegada de Hugo Aguilar, indígena mixteco y exfuncionario de Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la Suprema Corte, que ahora cuenta con nueve integrantes, seis de ellos cercanos al oficialismo. Aguilar, que recibió un bastón de mando en una ceremonia indígena, afirmó: “Aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo”.
Sin embargo, la oposición y organizaciones civiles advirtieron que la reforma constitucional que habilitó la elección de jueces busca en realidad “capturar políticamente” al Poder Judicial. Miguel Alfonso Meza, titular de la ONG Defensorxs, denunció una “operación de Estado” para garantizar la llegada de candidatos afines al gobierno y alertó que al menos 25 aspirantes tenían antecedentes penales o vínculos con el crimen organizado, seis de los cuales resultaron electos.
Entre ellos figura Silvia Delgado, exabogada del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, que asumirá como jueza penal en Chihuahua. Su designación, junto con otros perfiles cuestionados, alimenta los temores de que algunos tribunales puedan ser cooptados por mafias criminales o por intereses políticos.
El opositor Partido Acción Nacional (PAN) también rechazó la reforma. “El Poder Judicial fue un contrapeso en los primeros años de López Obrador, pero él lo vio como un obstáculo y propuso esta reforma para destruirlo y construir otro afín al oficialismo”, sostuvo Fernando Rodríguez Doval, dirigente de esa fuerza.
La segunda etapa de este proceso electoral se llevará a cabo en 2027, cuando deberán renovarse algunos puestos de la Suprema Corte y magistrados locales en distintos estados.
