El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca habilitar el cobro de los costos generados por operativos de rescate en la Alta Montaña, cuando las víctimas hayan incurrido en acciones imprudentes o negligentes. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo el pasado 9 de abril, propone modificar la Ley N° 6.722, que regula el accionar de las fuerzas policiales.
El cambio se produciría mediante la incorporación del artículo 26 bis, que otorgaría al Ministerio de Seguridad la facultad de fijar un cargo económico por los rescates ejecutados por la Policía y cuerpos especiales, aunque no en todos los casos. Según el texto del proyecto, el objetivo es “disuadir la imprudencia o negligencia” y “promover el cumplimiento de las normas vigentes”.
El monto a cobrar sería establecido anualmente en función de la ley impositiva provincial, y se definiría según criterios como la cantidad de patrullas utilizadas, la duración del operativo y la intervención de drones o helicópteros. También se tendrá en cuenta si la persona rescatada respetó o no los protocolos de seguridad establecidos.
Los fondos recaudados por este concepto serán destinados al Ministerio de Seguridad y Justicia, y al menos el 50% del total será invertido directamente en el fortalecimiento y funcionamiento de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (UPRAM), según establece el proyecto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.