La causa Adhemar Capital sigue sumando nuevos capítulos con la reciente presentación de medidas de investigación solicitadas por el abogado Bruno Jerez. En esta ocasión, se busca esclarecer el destino de una suma millonaria de fondos presuntamente vinculados a la red de transacciones encabezada por Edgar Adhemar Bacchiani, principal imputado en la causa. Este pedido surge a raíz del informe sobre la Ruta del Dinero, elaborado por el abogado Alfredo Aydar.
El pedido de investigación, elevado al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Catamarca, detalla que el dinero en movimiento supera los 117 millones de USDT y 40 millones de dólares estadounidenses, operados a través de diversas redes blockchain como Ethereum, Binance Smart Chain y Tron. Según el documento presentado, estas redes fueron utilizadas para diversificar y dificultar el rastreo de las transacciones.
Principales involucrados y montos identificados
Entre los nombres destacados en el informe aparecen:
- Edgar Adhemar Bacchiani, con un total de BUSD 33,461,302.75 en múltiples criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
- Sofía Aylan, con movimientos por BUSD 8,174,150.
- Blas José y Alexis Sarroca, con cifras que superan los 2.5 millones de BUSD cada uno.
- Celeste Zaraive, con transacciones por BUSD 44,682, entre otros nombres mencionados en la documentación.
Asimismo, se han detectado cuentas anónimas con fondos por más de 14.9 millones de BUSD, así como una dirección en la red Tron con movimientos por 40 millones de dólares, identificada como un punto clave en la investigación.
Sospechas de fuga de capitales
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es una transacción altamente sospechosa de 1,091,470.71 USDT enviada el 28 de junio de 2023 a una cuenta en una lista negra. Esto sugiere un posible intento de fuga de capitales, lo que refuerza la necesidad de un seguimiento minucioso de los movimientos financieros vinculados a la causa.
Pedido de medidas de investigación
Ante estas revelaciones, el abogado Bruno Darío Jerez ha solicitado que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la veracidad de la información presentada y el paradero de los fondos. Para ello, ha requerido que el procedimiento sea llevado a cabo por personal de Gendarmería u otro organismo competente.