El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), puso en marcha una auditoría sobre un total de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Hasta el momento, el operativo ya arrojó la suspensión o eliminación de 80.080 beneficios, lo que representa un ahorro fiscal estimado en $23.143 millones mensuales.
Según informó el portal Infobae, de esa cifra, 65.230 pensiones fueron suspendidas tras detectarse irregularidades en su otorgamiento, otras 6.643 fueron dadas de baja por fallecimiento de los titulares, y 8.207 personas renunciaron voluntariamente al beneficio.
Desde ANDIS señalaron que el operativo no alcanza a menores de edad ni a beneficiarios que ya fueron revisados en lo que va del año. Los controles se enfocan en verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 13.478 y el decreto 432/97, y están a cargo de médicos del PAMI junto con personal de la propia agencia.
El titular del organismo, Diego Spagnuolo, justificó el procedimiento al sostener que “las estadísticas no mienten: entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones pasó de 80.000 a 1.050.000. Bajo la presidencia de Alberto Fernández, la cifra ascendió nuevamente, llegando a 1.250.000 entre 2019 y 2023”. Según Spagnuolo, ese crecimiento se produjo sin controles adecuados, como resultado de “una política de subsidios discrecionales, no como producto de una evaluación médica y necesidad social ante una vulnerabilidad manifiesta”.
Entre las irregularidades detectadas durante la auditoría, se encontraron certificados médicos falsos, diagnósticos inventados, personas privadas de la libertad o con pedidos de captura que seguían cobrando la pensión, y beneficiarios que ni siquiera residían en el país. También se identificaron maniobras fraudulentas como el uso de la misma radiografía en más de 150 expedientes distintos, o el envío de terceras personas a realizar las evaluaciones médicas.
En abril, el Gobierno firmó el decreto 842/2024 que refuerza los controles: se creó un nuevo cuerpo médico evaluador, se impuso la obligación de reinscribirse y completar una declaración jurada para todos los beneficiarios, y se facultó a la ANDIS a suspender pensiones de forma preventiva ante cualquier sospecha fundada. A su vez, se endurecieron las incompatibilidades: quedan excluidas las personas con ingresos por encima del tope legal, quienes perciban otras asignaciones previsionales, los detenidos y los prófugos.
El proceso de depuración continúa en marcha y las autoridades anticipan que, al finalizar la auditoría, el total de pensiones dadas de baja podría superar las 250.000.