Un total de 1,2 millones de empleadas y empleados domésticos que están en la informalidad quedarán afuera del blanqueo laboral que el Gobierno puso en marcha la semana pasada.
Así lo denunciaron abogados laboralistas y referentes del sector quienes salieron a cuestionar la decisión del gobierno. Se estima que en ese sector participan 1,7 millones de personas de las cuales solo 500.000 están debidamente registradas.
El gobierno nacional había incluido en el DNU 70, cuyo capitulo laboral fue anulado por un fallo judicial, un punto para derogar el articulo 50 de la ley de empleo doméstico, que estipula la indemnización agravada en caso de registración deficiente o falta de registración.
El Decreto 847/2024, aunque permite la regularización de relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas hasta el 31 de julio de 2024, no ofrece soluciones para el personal doméstico. La normativa también extiende beneficios como la condonación de infracciones y la deuda por capital e intereses, pero nuevamente deja a este sector sin las herramientas necesarias para alcanzar la formalización.
Los trabajadores que logren ser regularizados recibirán un reconocimiento limitado, solo hasta 60 meses de servicios con aportes, calculados en base al salario mínimo vital y móvil (SMVM), lo que no se considerará para el cálculo del haber previsional.