En una nota realizada por Lorena Oliva para La Nación, María Migliore advierte que crecer en un barrio popular no es solo una condición social, sino un factor determinante que marca la trayectoria de vida de miles de chicos y chicas en la Argentina. “El solo hecho de crecer en un barrio popular define tu trayectoria de vida”, resume, con la convicción de alguien que conoce el territorio desde adentro.
Actual directora de Integración Productiva de Fundar y exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, Migliore sostiene que la falta de oportunidades reales en villas y asentamientos condiciona sueños, proyectos y expectativas desde edades muy tempranas. “Un chico que termina cometiendo un delito lo hace, muchas veces, en situaciones de desesperación”, advierte, en medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad.
Su mirada no es teórica. Empezó a recorrer barrios populares hace más de veinte años, cuando estudiaba Ciencias Políticas y realizaba trabajo social. Luego ocupó cargos clave durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, siempre con un mismo eje: la integración social y urbana como política de fondo. “Tener una vivienda digna, calles, iluminación, transporte y servicios básicos inicia una cadena virtuosa. Mejora el punto de partida de quienes nacen ahí”, explica.
Cuando describe la desigualdad, Migliore baja el concepto a escenas cotidianas: familias enteras durmiendo en una sola habitación, hogares donde el agua caliente es un lujo, madres que deben elegir entre calefaccionar la casa o evitar el riesgo de un incendio. “Son cosas que quienes vivimos en contextos de privilegio tenemos naturalizadas, pero para mucha gente no están garantizadas”, señala.
La infraestructura, agrega, también condiciona la vida diaria: colectivos que no ingresan a los barrios, ambulancias que no pueden pasar por pasillos angostos, calles sin iluminación que vuelven más inseguras las noches. Y esas carencias se acumulan. “No es solo un problema de ingresos. Es educativo, urbano, social. Por eso hablamos de pobreza estructural, que se repite de generación en generación”, explica.
El estigma es otro de los muros invisibles. Migliore recuerda una experiencia concreta: enviaron currículums idénticos a búsquedas laborales, con la única diferencia del domicilio. Los postulantes con dirección en barrios acomodados recibieron hasta un 70% más de llamados que quienes vivían en villas. “Quedás afuera solo por el lugar donde vivís”, resume.
En ese contexto, la adolescencia aparece como una etapa especialmente frágil. La deserción escolar, advierte, está subregistrada y muchas veces comienza de manera silenciosa, con inasistencias intermitentes que terminan en abandono definitivo. “Cuando eso pasa, las chances de volver se vuelven cada vez más difíciles”, señala.
Sobre la discusión del régimen penal juvenil, Migliore es clara: “Vale la pena debatirlo, pero mucho más allá de la edad de imputabilidad”. Sostiene que bajar la edad no resolverá el problema de la inseguridad y recuerda que la enorme mayoría de las investigaciones penales involucran a mayores de 18 años. “La política está mirando la realidad con lentes equivocados”, afirma.
Para ella, la clave pasa por fortalecer instituciones que ya existen y tienen llegada real: la escuela y los clubes. “Tienen capilaridad. El desafío es potenciarlos, no seguir sumando dispositivos aislados sin coordinación”, plantea. Y alerta sobre un riesgo mayor: cuando el Estado se retira, el narco ocupa ese vacío, no solo como salida económica sino también como modelo aspiracional.
“Un chico no deja de soñar por nacer en un barrio popular —dice—. El problema es que muy temprano se da cuenta de que esos sueños no van a poder hacerse realidad”. Frente a eso, insiste, la respuesta no puede ser únicamente punitiva. “Hay que construir un día después. Que haya oportunidades reales para cambiar la trayectoria. Sin eso, bajar la edad de imputabilidad no cambia nada”.
