El diputado provincial Mamerto Acuña se refirió a la agenda legislativa que se debatirá en la próxima sesión extraordinaria, y remarcó la necesidad de redefinir las prioridades políticas ante el complejo contexto social, económico y laboral que atraviesa la provincia.
En ese marco, el legislador señaló que, si bien el temario fue definido por el Gobierno, desde su bloque solicitaron la ampliación de los temas a tratar, incorporando problemáticas que impactan directamente en la vida cotidiana de la población. “Hay cuestiones vinculadas a la policía, al sistema de salud, a los municipios, a la transparencia y a la vida diaria de la gente que deben ser prioridad”, sostuvo.
Uno de los ejes centrales de sus declaraciones fue la situación de los municipios. Acuña cuestionó que, pese a la gratuidad en la distribución oficial para los legisladores municipales, esto no se haya traducido en mejoras para los empleados comunales. “El poder adquisitivo de los trabajadores municipales, tanto del interior como de la Capital, no ha mejorado. Es necesario cambiar el orden de prioridades para que los municipios puedan afrontar sus dificultades”, expresó.
Asimismo, manifestó preocupación por la falta de una política industrial clara en la provincia y advirtió sobre el impacto que la paralización o cierre de industrias tiene en el empleo. Mencionó casos puntuales de empresas con conflictos desde hace tiempo y alertó que los cambios en la propiedad o en las políticas empresariales terminan afectando directamente a los trabajadores. En ese sentido, adelantó que se analiza la presentación de un proyecto para crear un subsidio que permita morigerar el impacto económico en los empleados afectados mientras se resuelve su situación laboral.
En relación a la cuestión salarial, el diputado reconoció que existen conflictos en distintos sectores del Estado, como la administración central, la policía, la educación y los municipios. Criticó la política de sumas fijas al señalar que “rompe la pirámide salarial, desincentiva al trabajador y perjudica el funcionamiento de la administración pública”.
Acuña indicó que la provincia destina entre el 42 y el 44 por ciento de sus ingresos corrientes al pago de salarios, lo que —según afirmó— permitiría discutir una recomposición más estructural. No obstante, aclaró que esto dependerá de la voluntad del Poder Ejecutivo y del ordenamiento del gasto público.
Finalmente, al ser consultado sobre el contexto nacional, el legislador reconoció que la caída de la coparticipación y las medidas de ajuste del Gobierno nacional impactan en las provincias, aunque remarcó que cada jurisdicción debe definir cómo afrontar su propio déficit. “La Nación y las provincias tienen realidades distintas, pero las consecuencias terminan golpeando el bolsillo de los trabajadores”, concluyó.
