A raíz de las políticas implementadas por el presidente argentino Javier Milei, los subsidios a los servicios públicos han experimentado una reducción del 34%, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).
Desde su asunción el pasado 10 de diciembre, el presidente Milei ha efectuado significativos cambios en el aparato estatal y el presupuesto. Entre las medidas más destacadas están los numerosos despidos estatales y el amplio recorte en los subsidios, que ha resultado en que el Estado cubra actualmente sólo el 60% del costo del agua, el gas, la luz y el transporte.
El informe del IIEP, que depende de la UBA y el CONICET, detalla que los subsidios a los servicios públicos se redujeron un 34% en los primeros seis meses de 2024, con un impacto particularmente notable en el sector energético.
Detalles de la reducción de subsidios en servicios públicos:
El estudio señala que “en los primeros cinco meses de 2024, los subsidios nominales suman $3,1 billones, mientras que en moneda constante de mayo alcanzan $3,3 billones, representando una reducción del 34% respecto al mismo período del año anterior”.
- Energía: Los subsidios nominales aumentaron un 165% anual, pero se redujeron un 33% en términos reales.
- Transporte: Los subsidios nominales incrementaron un 138% anual, lo que corresponde a una reducción del 37% en términos reales.
- Aerolíneas Argentinas: No recibió transferencias en lo que va del año.
- AYSA: Recibió $75 millones, una notable disminución comparada con los $9.723 millones del mismo período anterior.
- ENARSA: Las transferencias aumentaron un 64% nominal, pero se redujeron un 57% en términos reales.
- CAMMESA: Las transferencias aumentaron un 290% nominal, pero disminuyeron un 4% en términos reales.
- Plan Gas.Ar: Las transferencias se redujeron un 66% anual, representando una disminución del 90% en términos reales.
Estas cifras reflejan los profundos cambios en la política de subsidios del gobierno de Milei, con un enfoque en reducir el gasto público en los servicios esenciales, impactando significativamente el financiamiento estatal de estos servicios.