“Si estamos acá todos juntos es porque estamos preocupados”, soltó sin rodeos Gerardo Zamora, uno de los gobernadores más vehementes del país. Fue durante la reunión que tuvo lugar en el piso 21 del moderno edificio del Consejo Federal de Inversiones (CFI), desde donde las autoridades provinciales exigieron respuestas urgentes a la Nación ante la caída de los recursos coparticipables y la parálisis de la obra pública.
La nueva sede del CFI, ubicada sobre la calle Azopardo, no solo simboliza una mudanza edilicia sino también un cambio de etapa en la relación entre las provincias y el Gobierno nacional. Por primera vez en años —y de manera inédita en la era Milei— los 24 gobernadores, sin distinción política, coincidieron en reclamar una distribución más justa de los fondos. El encuentro con Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y Lisandro Catalán, funcionario clave de la Jefatura de Gabinete, fue tenso. “Todos estamos peor que antes”, resumió uno de los mandatarios del centro del país.
En las últimas semanas, los gobernadores ya habían solicitado una audiencia con el Ejecutivo. La reunión se concretó con la participación de Guillermo Francos y una delegación encabezada por el radical Alfredo Cornejo. En ese primer encuentro, los mandatarios detallaron sus reclamos: una distribución más directa del Impuesto a los Combustibles Líquidos y el reparto equitativo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), hoy administrados de forma discrecional.
La respuesta fue insatisfactoria. Por eso, esta semana, los 24 firmaron un proyecto de ley que propone eliminar los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles, aumentar el porcentaje que se destina a las provincias y distribuir los ATN de forma automática, según el coeficiente de coparticipación.
A pesar de la presión, Catalán y Guberman se limitaron a prometer que analizarán el pedido. Mientras tanto, la infraestructura en todo el país se deteriora. “Hay rutas intransitables”, advirtieron los mandatarios, mencionando como ejemplo crítico la ruta 22 en Vaca Muerta.
El malestar se replica en el grupo de WhatsApp que comparten los gobernadores, cada vez más activo. Zamora fue nuevamente protagonista en la reunión del CFI, acompañado por colegas como Frigerio, Cornejo, Torres y Ziliotto. Axel Kicillof, aunque uno de los más golpeados por la crisis fiscal, optó por escuchar sin intervenir demasiado.
Los números refuerzan la preocupación: muchas provincias enfrentan serios problemas para pagar salarios y aguinaldos. Frigerio, por ejemplo, congeló todos los sueldos públicos en Entre Ríos. Córdoba, en una jugada audaz, logró colocar 725 millones de dólares en bonos para obras, aunque con una tasa elevada cercana al 10%.
La caída de la coparticipación es crítica. Solo en mayo, los ingresos para las provincias fueron peores que en 2020. De continuar esta tendencia, perderían unos $7,4 billones en comparación con 2023. Por eso, la noche del viernes un grupo de gobernadores se volvió a reunir de manera virtual con senadores del PRO, la UCR y Unión por la Patria para definir los próximos pasos. Se debatieron dos estrategias: agotar la vía del diálogo con la Casa Rosada o avanzar directamente con el tratamiento parlamentario del proyecto de redistribución.
Mientras tanto, el Gobierno intenta minimizar el conflicto. En una cena con empresarios, Javier Milei deslizó que las provincias recaudan más que la Nación. Los gobernadores respondieron rápido: un informe de ARCA mostró que, en realidad, la presión tributaria nacional subió un 0,2% entre 2023 y 2024, y la provincial cayó un 0,3%.
La tensión va en aumento. Aunque públicamente los gobernadores intentan mantener una postura medida, en privado evalúan cómo presionar al Ejecutivo sin romper la unidad inédita que alcanzaron. “La estrategia de patalear públicamente no es buena: es mejor arrinconarlo al Gobierno con hechos contundentes”, dijo uno de los mandatarios.
El vínculo con la Casa Rosada atraviesa su punto más crítico. Hasta ahora, los mandatarios colaboraron en el Congreso: acompañaron la Ley Bases, el DNU 70 y varios vetos. Pero el humor está cambiando. “Hay muchos con ganas de convertirse en villanos”, deslizó con ironía un senador del oficialismo.
El proyecto que impulsa los cambios ya está en redacción y contempla elevar al 58,36% el porcentaje del impuesto a los combustibles que se asigna a las provincias. Su presentación podría marcar un punto de quiebre. Por ahora, los gobernadores mantienen la presión en silencio. Pero el tiempo —y los fondos— se agotan.