Parece que se van a revelar los informes del crimen de John Kennedy y los archivos secretos de El Vaticano antes de que el Gobierno de Catamarca se digne a informar cuánto gasta en publicidad y pautas oficiales, un misterio guardado bajo siete llaves que nadie revela por nada del mundo.
Pasaron ministros, secretarios, subsecretarios, directores, pero no hay nadie capaz de poner en blanco sobre negro los pagos que realiza el Gobierno de Raúl Jalil con su cajita feliz para medios y periodistas amigos, consultoras, publicistas y otras yerbas.
Ninguno de los responsables del área en estos cinco años de gobierno fue capaz de decir: “Esto es lo que pagamos, estos son los que cobran, estos son los medios y periodistas que facturan”.
Todo se hace entre gallos y medianoche, todo es secreto, todo oculto. Millones y millones que desaparecen del erario público sin que nadie jamás rinda cuentas. No aparece un pago en el Boletín Oficial, no se publica nada. Y es raro, ¿no? Porque si estuvieran limpios (los que pagan y los que cobran), ¿qué necesidad tendrían de esconder tanto?
Pero no hay manera. Llevamos años preguntando y nadie responde.
El detalle a tener en cuenta es que no brindar esa información es un delito: tienen la obligación de hacerlo, pero no lo hacen y no les importa. Sienten que son impunes, intocables, los amos del universo. Y sí, en gran parte lo son: manejan el gobierno, la legislatura, el Tribunal de Cuentas, la Justicia… ¡y los medios! ¿quién los va a tocar?
El gobierno de Jalil hace la plancha y ni se despeina cuando alguien quiere indagar. Todo les resbala. Porque el Tribunal de Cuentas local es uno de los cuatro del país que no incluye mujeres en sus niveles de conducción, y los muchachos designados son íntimos-íntimos amigos del Gobierno, como el exministro de Economía y el exministro de Gobierno, quienes están ahora controlando sus propias gestiones. No se van a denunciar ellos mismos, ni van a denunciar a nadie: todo hace suponer que los pusieron para hacer la vista gorda y eso parece que lo hacen muy bien.
Desde 2016 nuestro país cuenta con la Ley 27.275 que garantiza el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía. La normativa obliga a la Administración Pública Nacional, tanto a la central como a los organismos descentralizados, a responder las solicitudes que les llegan.
En Catamarca existe la Ley N°5.336 y en teoría cualquiera tiene la posibilidad de hacer pedidos mediante TAD Catamarca. Cualquier ciudadano puede ingresar, se selecciona el organismo correspondiente y una vez que se hizo el trámite se crea un expediente digital que se envía al ente que se consulta. Se puede hacer el seguimiento en la misma página. El plazo de respuesta no puede superar los 30 días hábiles.
Todo eso en teoría. En la realidad, si alguien presenta un pedido se le ríen en la cara. Literalmente.
El Gobierno de Catamarca paga, regala y debe fortunas. Y es todo dinero que se maneja en las sombras: nadie rinde cuentas de nada.
Pero atención, porque hay decenas de millones que no sólo se deben acá, sino a medios porteños, como El Destape de Fernando Navarro, que ya está reclamando una multimillonaria deuda.
Y hay olor a curro en varios digitales y auditorías truchas, inventadas por gente muy cercana a los funcionarios a modo de sobresueldos de obsequio, coimas, dobles facturaciones, campañas. Hay de todo como en botica.
¿No es así? Divulguen todos los pagos realizados a la prensa, consultoras y agencias de publicidad desde que asumió Raúl Jalil. Es información pública, hay una ley de acceso y transparencia. No pueden negarse… ¿ o sí pueden seguir haciéndolo como hasta ahora?