La reforma de la ley de Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina ha llegado al Congreso, conforme al acuerdo alcanzado con la oposición “dialoguista” la semana pasada. El objetivo es obtener un dictamen favorable en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y lograr la media sanción.
En la reforma propuesta, el Gobierno destacó la importancia de “exponer los privilegios de unos pocos” y “mover nuestro marco normativo hacia adelante”, al tiempo que subrayó la relevancia de “escuchar, corregir y aprender”.
Dentro de los cambios más significativos, el Ejecutivo decidió trasladar a sesiones ordinarias parte del articulado propuesto en la ley ómnibus. Esto incluye la discusión sobre el juicio por jurados, salud mental, modificaciones en la ley de sociedades, el traspaso de la justicia nacional a la ciudad, y aspectos de la reforma electoral, como las secciones uninominales, el futuro de las PASO y el régimen de partidos políticos.
A estos temas se suman más de la mitad de las modificaciones relacionadas con el Código Civil y Comercial, reservando solo los artículos esenciales para mejorar la libertad contractual.
La reforma también acorta el plazo de la emergencia a un año con posibilidad de prórroga por uno más y reduce las delegaciones del Poder Legislativo al Ejecutivo. Asimismo, incorpora una fórmula previsional de ajuste automático de haberes por inflación a partir de abril, con el correspondiente aumento trimestral en marzo. Se añaden restricciones al blanqueo solicitado por el Poder Legislativo.
En relación con la cultura, se destaca que el nuevo proyecto preservará los recursos del sector, evitando que los gastos administrativos se conviertan en una carga excesiva. Se propone una modernización del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), buscando equilibrar los subsidios otorgados a la industria cinematográfica.
Además, el Ejecutivo accede a las demandas de los gobernadores al limitar las retenciones a las economías regionales a cero, eliminando la facultad del Poder Ejecutivo para aumentar los derechos de exportación, manteniendo solo la posibilidad de reducirlos.
En cuanto a la fórmula de movilidad, se establece que se mantendrá la actual hasta abril y luego se actualizará por el último dato de inflación calculado por el INDEC, con el objetivo de garantizar el poder adquisitivo de los jubilados.
Finalmente, YPF queda excluida de las privatizaciones, respondiendo a la solicitud de una parte de la oposición dialoguista. La empresa se mantiene como una entidad mixta, estatal y privada, con el Estado conservando el control de la misma. La participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones se incorpora para supervisar los trámites correspondientes.