La “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, mejor conocida como ley ómnibus, sufrió nuevas modificaciones a su versión original, y sus artículos se vieron reducidos casi a la mitad. El oficialismo espera poder sesionar este martes en la Cámara de Diputados y legislar los artículos que postuló. En las últimas horas se conoció la nueva versión que se reduce de 664 artículos a 384.
Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la eliminación del capítulo fiscal, no están en el nuevo escrito los ítems referidos a los artículos sobre la actualización jubilatoria, las retenciones agropecuarias e industriales, el blanqueo, la moratoria y el adelanto de Bienes Personales. Además, se retiró el proyecto que contenía las nuevas escalas del impuesto a las Ganancias, que era requerido por los gobernadores.
Sin embargo, quedó en pie todo el resto del articulado, referido a la delegación de facultades, privatizaciones, desregulaciones y cuestiones vinculadas con la educación, la cultura y la seguridad, aunque no exentos a modificaciones.
Otro de los puntos en los que se dio marcha atrás fue el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. El original proponía suspender la fórmula vigente (ajustada por la evolución de la inflación y la recaudación), para habilitar ajustes discrecionales a cargo del Ejecutivo, algo que ahora quedó trunco.
Por otra parte, se retrotrajo de la iniciativa sobre blanqueo que planteaba que sería gratuito para personas que declararan menos de u$s100.000 con una serie de beneficios.
El texto original del proyecto de ley presentado por el Gobierno proponía la privatización de la totalidad de las empresas estatales, mixtas o con participación mayoritaria del estado. Luego de las negociaciones, se decidió retirar YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) del listado y establecer que Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT. Además, se excluyó al INTA y al CONICET de las facultades de disolución en el apartado de reorganización administrativa.
También se eliminó la emergencia social y de defensa de las 11 iniciales, y el plazo de la delegación legislativa sería de un año, con la posibilidad de que el Congreso pueda extenderlo otro año más. Pero se mantiene la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, energética, administrativa y tarifaria.
Otro ítem que se modificó fue el apartado por el cual se establecía que una reunión de tres personas en el espacio público podía ser considerada una manifestación. Este se incrementó a 30 personas.
