En una sesión nocturna llevada a cabo el pasado martes 30 de abril, la Legislatura de la provincia de Chaco aprobó una polémica ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, desatando una ola de preocupación y debate en la región. Esta medida habilita la posibilidad de desmontar o devastar más de un millón de hectáreas de bosques nativos en la provincia.
La nueva normativa establece un enfoque regresivo que contraviene principios fundamentales consagrados en leyes y acuerdos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosques Nativos y los criterios de sustentabilidad del Consejo Federal de Medio Ambiente.
El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) es una herramienta creada a partir de la sanción en 2007 de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos. Esta ley clasifica los bosques en diferentes categorías, reservando para su preservación aquellos clasificados como Categoría I y II, mientras que los de Categoría III pueden ser objeto de desmonte bajo ciertos criterios.
La preocupación radica en que la nueva normativa en Chaco no respeta el principio de no regresión ambiental, al permitir el desmonte en áreas actualmente clasificadas como Categoría II, al reclasificarlas como Categoría III, una acción prohibida por la normativa nacional.
Organizaciones ambientalistas como Somos Monte Chaco, Vida Silvestre y Greenpeace han manifestado su rechazo a esta nueva ley, argumentando que reducirá la protección de los bosques y facilitará el avance de maquinaria pesada sobre territorios de campesinos e indígenas, así como sobre especies en peligro de extinción como el yaguareté.
Ante esta situación, las organizaciones anunciaron que llevarán la ilegalidad de la nueva ley ante la Corte Suprema de Justicia, buscando salvaguardar el patrimonio ambiental de la provincia y asegurar el cumplimiento de las leyes y acuerdos vigentes en materia de conservación de la naturaleza.
