En la ley Ómnibus de diciembre del 2023 se expresaron las primeras intenciones de reformas del Código Penal y del rol de las fuerzas de seguridad. Un mes después, el proyecto que la propia Patricia Bullrich defendió en la Cámara de Diputados fue eliminando artículos hasta reconvertirse en una ley Bases sustancialmente económica, que obtuvo su aprobación en julio.
Sin embargo, desde ese momento tomaron impulso un paquete de siete proyectos que el oficialismo, con apoyo de bloques aliados, se apresta a aprobar antes de finalizar el año.
Todas las propuestas vienen alcanzando consensos en las comisiones, incluso las más controvertidas: el Régimen Penal Juvenil, cuya centralidad implica la baja de la edad de imputabilidad; y el Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, también conocido como ley Antimafias, que tipifica lo que se entenderá como organización criminal y extiende las posibilidades de intervención policial en “Zonas Sujetas a Investigación Especial”.
La pasada semana, un proyecto proveniente del Ministerio de Defensa se sumó al paquete de reformas: la modificación de la Ley de Seguridad Interior, que habilita a actuar a las Fuerzas Armadas en actividades de la sociedad civil.
