Luego de que el ex presidente Alberto Fernández fuera procesado en la causa “Seguros”, legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitaron formalmente a la ANSES la suspensión de su jubilación de privilegio. El beneficio que percibe actualmente el ex mandatario asciende a casi 9 millones de pesos mensuales, lo que equivale a más de 24 jubilaciones mínimas.
La presentación fue encabezada por la diputada Graciela Ocaña y acompañada por sus colegas del interbloque Confianza Pública, María Sol Méndez y Sebastián Nagata. El escrito fue dirigido a Fernando Bearzi, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y plantea la “suspensión de la asignación mensual vitalicia que percibe el ex Presidente de la Nación Alberto Fernández”.
El documento hace referencia al procesamiento dictado el pasado 10 de julio por el juez federal Sebastián Casanello, quien investiga a Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la causa conocida como “Seguros”.
“Ante este hecho, la jubilación de privilegio debe ser suspendida a fin de no perjudicar el erario público que vuestro gobierno tanto defiende”, sostienen los legisladores en su presentación, en la que proponen que la medida se mantenga “hasta que se resuelva definitivamente la culpabilidad o no en los hechos que se le imputan”.
Asimismo, remarcan que “los beneficios que otorga la ley 24.018 son un privilegio para quien desempeñó una de las funciones públicas más importantes del país, pero si esa persona utilizó ese lugar para beneficio propio y cometió delitos, no puede obtener ni mantener este beneficio”.
Según datos oficiales citados en el pedido, la jubilación que percibe el ex presidente alcanzaba en febrero de 2025 los $8.877.518,67. “En caso de continuar abonando esta asignación, se estaría generando una millonaria pérdida a las arcas del Estado”, advirtieron los legisladores.
Finalmente, cuestionaron el doble estándar en el sistema previsional: “¿Qué mensaje está dando el Gobierno Nacional si un jubilado que trabajó toda su vida tiene que elegir entre comer o comprar medicamentos, mientras un ex presidente procesado por corrupción y violencia de género cobra casi 9 millones de pesos por mes?”, concluye el escrito.