Pasaron varios días, pero el ejecutivo de una de las principales empresas de telecomunicaciones de Argentina describió el clima que se vive en su compañía luego del decreto presidencial que declaró como servicios públicos en competencia a la telefonía móvil, internet y la tevé por cable, y congeló sus precios hasta diciembre.
“Cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada unilateralmente”, dijo la industria de las telecomunicaciones en una solicitada conjunta que adelantó este medio en la noche del lunes. Allí hablan de que “semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo” y piden que se reconsidere el decreto. Firman las principales compañías, cámaras de comercio –de EEUU y de varios países de Europa– y otras firmas del sector. En charlas informales sus representantes son bastante más directos: acusan al Gobierno y juran que siguen sin entender la medida.
“La verdad, son días tensos. Si todo esto es por Clarín, es insólito porque están matando y desfinanciando a toda una industria por un capricho. Si es así, el daño colateral será inmenso, con empresas grandes, pymes, cooperativas y todo un ecosistema tremendamente afectados. Es una sobrerreacción que no se entiende por más ideológico que sea el trasfondo”, aseguró el ejecutivo.
Un colega suyo puso el eje en otros de los puntos que generaron polémica en las últimas horas: el dinero del llamado Fondo Servicio Universal (FSU), un instrumento que se nutre con el 1% de la facturación de las telcos que administra el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). “Actualmente, y según las estimaciones de funcionarios de la gestión anterior, el FSU tiene un saldo de alrededor de $11.000 millones”, escribió en su blog, hace un mes, el analista Enrique Carrier.
“La llegada de la pandemia puso en evidencia que todavía falta mucho para la universalización del servicio (tanto aquí como en otros países), exigiendo entonces un sacudón al tema para poder canalizar mejor y más rápido los fondos que se acumulan mensualmente“, detalló el especialista en telecomunicaciones. Además, explicó algunos cambios que la actual gestión realizó y finalizó su comentario: “Es una buena medida que el Enacom haya decidido movilizar los fondos del Servicio Universal los que, a juzgar por la información publicada por el mismo regulador, estaban siendo subutilizados”.
“¿Ese dinero está? ¿Cómo se maneja? Las empresas lo pusimos, pero tampoco están usando la opción de Arsat como mayorista para intentar regular los precios con la oferta y la demanda”, duda otro hombre de la industria.
“Ese dinero está y se usa para conectividad, con esos fondos no se puede subsidiar a nadie. Estamos pensando hoy, pero también en lo que pasará luego de la pandemia. Con ese dinero vamos a lugares a los que las empresas no van porque dicen que pierden plata. Los que no usaron el Fondo son las autoridades del gobierno anterior. Desde que asumimos invertimos en planes de inclusión”, aseguran desde despachos oficiales.
Según el Enacom, los planes actuales del FSU se distribuyen de esta manera: plan de infraestructura para internet destinado a Villas y Asentamientos, $1.000 millones; Acceso en zonas adversas, $300 millones; Internet para instituciones públicas, $2.000 millones; Redes móviles en corredores viales, $500 millones; Aumento de la Red Federal de Fibra Óptica, $3.000 millones; y Aportes No Reembolsables (ANR), $1.500 millones. De ese total se ejecutaron unos $1.000 millones, pero hay que sumar los planes vigentes de años anteriores.
Por estas horas, el Gobierno sostiene sus argumentos: las empresas no escucharon el pedido de no aumentar y esas subas iban a ir destinadas a los sectores más vulnerables: los usuarios de telefonía fija, los adultos mayores, y los prepagos móviles, estudiantes y personas de bajos recursos. “Nos prometieron las subas hace meses y la opción de hacer públicos a los servicios nunca estuvo sobre la mesa”, se quejan en las compañías.
