Los vínculos de la Iglesia con el poder político vienen de tiempos inmemoriales, y se traducen en privilegios, protecciones y beneficios de toda clase, que se mantienen hasta estos días. Pero algunas barreras van cayendo con la fuerza de los cambios sociales, y miembros de la comunidad que en otras épocas eran intocables, ahora ya no lo son.
Un claro ejemplo es lo que está pasando en Salta con el arzobispo Mario Cargnello, religioso católico nacido en Catamarca, que fue denunciado por las carmelitas descalzas por violencia de género.
Monjas denunciando al arzobispo, un argumento de novela negra que hasta hace poco hubiera sido prohibido, y ahora es la cruda realidad.
Las monjas dicen que Cargnello y otros dos hombres las atormentan desde hace años, y alentados por una abogada amiga llevaron el caso a la justicia: no más silencio, no más obediencia debida.
Hoy tenía que haber una audiencia por esa denuncia, pero no se hará porque Cargnello estará ausente con aviso: casualmente se fue de viaje para no responder en tribunales, aunque estaba notificado hace rato de este compromiso. Bueno, algunos privilegios quedan.
El tema es importante y va más lejos de un hecho puntual. Va más allá de la culpabilidad o inocencia de Cargnello y sus amigos. Pasa por la responsabilidad civil que hay que asumir y porque la justicia trate a estas personas como a cualquier otra: como lo que son.
El clero no está compuesto por seres divinos. Tienen que responder con sus actos, y empezar a cuidar la autoridad moral, algo que quedó maltrecho con miles de casos de abusos sexuales alrededor del mundo.
Si abusan, que respondan en la justicia. Si maltratan también. S se benefician económicamente también.
Porque muchos “pecados”, son en realidad simples delitos. Como hacer trabajar gente sin pagarle, como evadir impuestos, como negociar a espaldas del pueblo para enriquecerse con dinero público.
Ya no estamos en la edad media: es hora de avanzar con la separación Estado-Iglesia para siempre, y dejar de sostener un credo particular con fortunas aportadas por ciudadanos que en gran parte ni siquieran profesan ese credo, y ven como sus impuestos se dedican a hacerle la vida más placentera y agradable a esta gente.
Que trabajen, que se hagan cargo de los gastos que generan sus ceremonias, que se ocupen de la seguridad como cualquiera que organiza una reunión grande, que paguen servicios, que se ocupen ellos de mantener sus edificios. Y que entiendan que no pueden abusar, maltratar ni explotar a nadie.
Para encaminar el rumbo hacia un escenario más justo puede servir esta denuncia de las monjas. Algún día tendrán que saber que no tienen más derechos que nadie, aunque disfruten de todo el calor que reflejan las sotanas, siempre cercanas al poder político.
Sus propios súbditos, parece, les han perdido el miedo, la principal arma con la que cuentan hace dos mil años.
El Catucho.
