Lo que la Justicia catamarqueña nunca hizo, lo hizo finalmente una investigación de la prensa nacional, que unió, al menos en la línea de las hipótesis, los dos casos más resonantes de los últimos años en la provincia: la megaestafa de Edgar Bacchiani y el crimen de Juan Carlos Rojas.
La idea de que el asesinato del ministro de Desarrollo Social pueda estar vinculada con la timba de Adhemar Capital, en ese caso con dinero público, sobrevuela la causa desde el primer día, pero por alguna razón los investigadores nunca quisieron entrar en ese terreno, o al menos no dieron a conocer ninguna acción tendiente a despejar esa teoría.
Es justamente esa estruendosa omisión lo que siembra sospechas, sumado al nunca aclarado escándalo de aquella declaración inicial del protegido fiscal Laureano Palacios, saliendo a anunciar a la prensa de manera insólita que el Caso Rojitas había sido una “muerte natural”.
Finalmente fue el periodista Rolando Graña, en su programa GPS que emite América 24, el que se atrevió a atar todos los cabos sueltos y preguntarse si estas tremendas causas están conectadas de manera subterránea.
La duda es legítima, y en ambos casos se cuestiona la ambigua respuesta del poder político, que no termina de tomar posición y parece apostar siempre a que todo se dilate de manera indefinida.
Párrafo aparte para la Justicia local, que hace gala de su ineficacia y una lentitud crónica que a la luz de los hechos ya no se sabe si atribuir a la inutilidad o a un interés directo.
Desde la detención de Edgar Bacchiani pasaron dos años y medio, desde el crimen de Rojitas pasaron casi dos años, y las dos causas siguen en el congelador. No hay avances reales, no hay respuestas a la sociedad.
Muy grave porque acá no se investiga una sobrefacturación en un expediente cualquiera. Se trata de una muerte violenta y de una estafa que dejó miles de damnificados. Si esas causas, con la enorme presión social que generan, no motivan que la Justicia se mueva y trabaje, entonces ya nadie sabe para qué están ahí.
La casta judicial, con sus sueldos de lujo y sus privilegios, parece estar atenta sólo a su cadena infinita de nombramientos, y la única vez que se movió fue para reclamar por su propio presupuesto. O sea, por la plata baila el mono letrado. Todo lo demás sigue en veremos.
Para colmo el poder político, siempre escondedor y temeroso, es incapaz de sentar posición o dar una respuesta. Siempre juega al silencio, a mirar para otro lado. No desmiente nada, no aclara nada, deja que todo siga su curso hacia la nada, haciendo de cuenta que los problemas no existen.
Ahora se viene el juicio a Juan Pablo Morales, quien era la máxima autoridad de Seguridad en la provincia, y será juzgado en una causa narco mientras tiene abierto otro proceso por coimas.
Otro escándalo vinculado al poder político sobre el que nadie abre la boca. La diferencia es que con Morales tiene la opción de soltarle la mano y dejarlo que le prendan fuego. Con Bacchiani y Rojitas todavía no encontraron a quien culpar, por eso el silencio hace más ruido.