Mientras el coronavirus se adueña de los titulares y los comentarios de la calle, el Poder Judicial de Catamarca entró en su mayor crisis desde la intervención de 1991.
Descrédito, sospechas, denuncias, amiguismo, personas enquistadas eternamente, manejos oscuros de un círculo cerrado, internas, vendettas. La Justicia catamarqueña tocó fondo y tiene una imagen deplorable ante la sociedad.
Jueces camaristas aparecen en todos los medios del país filmados recibiendo dinero, aparentemente coimas, la Justicia federal denunciada, los fiscales bajo la lupa; jerarcas policiales detenidos bajo sospecha de actuar en equipo con narcotraficantes, teorías de resoluciones tarifadas: tanto por la libertad, tanto por la excarcelación, tantas cuotas y te largo.
¿Con qué confianza puede acercarse a la Justicia un ciudadano común?
Un sistema que debe ser símbolo de probidad, transparencia, honestidad, ecuanimidad, imparcialidad… rebajado a una unidad de negociados personales y coimas.
Ahora todo entró en un parate detrás de la cuarentena, y le dio aire a los acusados para preparar sus argumentos de defensa.
Mientras tanto, el poder político, el Ejecutivo, no ahorró municiones contra todos.
El gobernador Raúl Jalil insistió con la necesidad de reformar todo, y el ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Moreno, dijo que todo es un desastre y que hay que abolir el Consejo de la Magistratura.
Los judiciales están con las defensas bajas, y ahora el Ejecutivo va por todos.
Una película que está en pausa, pero que hay que seguir con atención, porque va a terminar en drama para más de uno.