“En el Congreso se viene una dinámica complicada: veto, DNU, veto, DNU”. Así lo expresó un legislador con experiencia en negociaciones que, el pasado miércoles, se mostró sorprendido por la estrategia adoptada por la Casa Rosada. Aunque Milei consiguió apoyo suficiente para sostener el veto al financiamiento universitario gracias a la fragmentación en varios bloques, muchos en la oposición interpretan que el gobierno ha dejado de buscar consensos amplios, optando en cambio por un enfoque cerrado con el PRO y algunos aliados provinciales.
Ante este escenario, se prevé un patrón repetitivo: la oposición avanzará con iniciativas que luego serán vetadas por el Poder Ejecutivo, mientras que la Casa Rosada aumentará el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) para implementar su agenda.
Milei ya ha firmado unos cuarenta decretos, entre los cuales destacan el DNU 70, que desreguló la economía al derogar la Ley de Alquileres; el DNU 274, que actualiza las jubilaciones según la inflación; y el DNU 656, que asignó $100 mil millones a la SIDE en gastos reservados.
El reciente veto a la ley de financiamiento universitario impulsó a la oposición dialoguista a retomar un plan que venía siendo discutido: modificar la Ley 26.122, que regula los DNU. Durante la última sesión, a instancias del diputado Oscar Agost Carreño, la oposición logró aprobar un pedido para que las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento analicen en un mes los cerca de 20 proyectos que buscan cambiar la normativa.
El apoyo del peronismo fue crucial para avanzar, dado que anteriormente se oponía a modificar la ley sancionada en 2006 bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Diputados de Unión por la Patria, con el respaldo de Cristina Kirchner, consideran que Milei seguirá abusando de esta herramienta constitucional, por lo que están dispuestos a negociar con el resto de la oposición.
Los DNU están contemplados en el artículo 99 de la Constitución Nacional, bajo la premisa de que solo deben utilizarse en “circunstancias excepcionales” que impidan el trámite legislativo ordinario. La Ley 26.122 establece que el Congreso no puede modificarlos, solo ratificarlos o rechazarlos con el voto de ambas Cámaras, algo que solo ha ocurrido una vez, en el caso del DNU que ampliaba los fondos a la SIDE.
Entre las propuestas en discusión, legisladores del radicalismo, el bloque de Pichetto, la Coalición Cívica y Unión por la Patria buscan facilitar el rechazo de decretos para evitar que el Ejecutivo asuma funciones legislativas. Sin embargo, será un desafío alcanzar un consenso que incluya tanto a radicales como a peronistas.
Por ejemplo, el proyecto de Agost Carreño propone que el Congreso tenga 60 días para tratar un DNU, con la novedad de que si en ese tiempo no se aprueba, el decreto pierde validez. Además, el rechazo en una sola Cámara sería suficiente para anularlo, un punto que también plantea la iniciativa presentada por Martín Lousteau en el Senado.
En la misma línea, Carla Carrizo, del radicalismo, coincide con el plazo de 60 días y agrega que, de ser aprobado por una Cámara, la otra deberá tratarlo en un máximo de 30 días; de lo contrario, el DNU quedará sin efecto.
La socialista Mónica Fein propone reglas más estrictas: los decretos no tendrían validez si son emitidos durante el receso legislativo y no se convocan sesiones extraordinarias para tratarlos, o si el Jefe de Gabinete no los remite a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo en un plazo de 10 días hábiles.
En tono irónico, un diputado sugirió reactivar un proyecto de Patricia Bullrich que en su época de legisladora intentó limitar el poder de Cristina Kirchner. “Es uno de los más estrictos”, afirmó, señalando que podría ser útil para “desafiar” a la bancada del PRO en el debate.