En la tarde del lunes, los integrantes de la Mesa Provincial de Juntos por el Cambio mantuvieron una reunión en la que abordaron diversos temas como: la grave situación económica nacional; los atropellos a las instituciones democráticas de la provincia por parte del gobierno de Raúl Jalil y el escándalo de la subfacturación de la explotación de litio que genera pérdidas multimillonarias a la provincia y la nación desde hace años.
Del encuentro participaron todos los representantes de las distintas fuerzas que integran el espacio político: los legisladores nacionales Flavio Fama, Francisco Monti y Rubén Manzi; los diputados provinciales Enrique Cesarini, Natalia Herrera, Juana Fernández y Luis Lobo Vergara; el titular del PRO, Carlos Molina; el referente del Partido NEO, Juan Nóblega y el presidente del Congreso de la CC-ARI local, Mariano Manzi.
Los dirigentes de la oposición analizaron la difícil situación económica nacional a partir del descontrol inflacionario, en el marco de la disparada del tipo de cambio libre. La combinación de estos factores, consideraron, “está generando muy graves consecuencias en el plano local por la caída del poder adquisitivo del salario y aumento de la pobreza”.
El debate también abordó la preocupación del espacio político de Juntos Por el Cambio ante lo que consideran un avasallamiento por parte del gobernador Raúl Jalil sobre el Poder Judicial. Tal como lo vienen denunciando desde la eliminación del Consejo de la Magistratura hace dos años, se está concretando un plan para asegurarse la impunidad de los integrantes del actual gobierno, a través del control de la Justicia. Este plan consiste en la promoción, para el ejercicio de la magistratura, a personas cuyo único mérito es el encolumnamiento político con el oficialismo y sin haber realizado ningún tipo de concurso de antecedentes y oposición; e incluso habiendo fracasado como aspirantes al Poder Judicial.
Por otra parte, se puso énfasis en cuestionar la escasa transparencia en el manejo de la minería de litio y la falta de respuestas del gobierno desde que se destapó el escándalo de subfacturación de la empresa Livent.
Ante lo que consideran una grave situación para la provincia, los miembros de la Mesa acordaron dar continuidad a una dinámica de trabajo conjunto con mayor periodicidad.
