Después del discurso presidencial en el evento del 25 de Mayo, el equipo gubernamental, liderado por Guillermo Francos, continuó su labor con el objetivo central de la semana: asegurar el dictamen para que la Ley Bases avance en la Cámara de Senadores.
En este contexto, el oficialismo accedió a realizar modificaciones en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la reforma laboral y la reforma del Estado. Sin embargo, persiste en mantener dos puntos fundamentales que la oposición busca revertir en el recinto: la restitución de Ganancias y la privatización de Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Tras dos intentos fallidos, el gobierno buscará obtener el dictamen el próximo miércoles, aunque en la oposición anticipan que, con disidencias, podría lograrse en esta tercera instancia. No obstante, la aprobación en el recinto presenta desafíos, especialmente ante situaciones como la reciente agitación en Misiones, que alimentan el rechazo desde Unión por la Patria.
El viernes por la noche, el gobierno comenzó a circular el borrador actualizado de la Ley Bases a través de WhatsApp. La frustración del miércoles anterior había alertado sobre la necesidad de mejorar la comunicación y la gestión de las negociaciones. Martín Lousteau (UCR) expresaba su descontento y amenazaba con rechazar la ley, mientras que senadores como Lucila Crexell (Neuquén), José Carambia (Santa Cruz) y Guadalupe Tagliaferri (PRO) ni siquiera habían participado en las discusiones. Esta falta de coordinación generaba malestar entre los legisladores, que reclamaban una negociación más transparente y con propuestas concretas por parte del gobierno. Fue recién entre la noche del viernes y la mañana del sábado que los senadores comenzaron a recibir la propuesta oficialista.
Dentro de las modificaciones propuestas por el oficialismo se incluyen ajustes en el RIGI, la reforma laboral, la reforma del Estado y el blanqueo de capitales. Estos cambios comprometen al gobierno a no revertirlos en futuras instancias en la Cámara de Diputados. Este aspecto es crucial, ya que figuras como Martín Menem y Karina Milei ya trabajan para defender la versión original de la Ley Bases y el paquete fiscal, buscando asegurar una mayoría que evite cambios no deseados provenientes del Senado.
En lo que respecta al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, el gobierno ajustó la redacción del artículo 163 para abordar las preocupaciones sobre la autonomía provincial. También se agregó una salvaguarda para proteger la industria local ante la apertura de importaciones. Estos cambios responden a demandas de diversas fuerzas políticas y sectores industriales, aunque algunos senadores aún plantean objeciones significativas.
La reforma laboral, que aborda aspectos como el trabajo no registrado y el período de prueba, incorpora una demanda del radicalismo respecto a las cuotas sindicales. Aunque no se elimina la obligatoriedad, se establecen limitaciones. Además, se incluye el bloqueo de empresas como causa de despido.
En cuanto a la delegación de facultades, el gobierno aceptó ampliar el listado de organismos protegidos, incluyendo el Banco Nacional de Datos Genéticos y el INTI, entre otros. Sin embargo, esta protección no impide que el Ejecutivo pueda reorganizar o reducir las competencias de estos organismos.
No obstante, el gobierno no accedió a dos demandas importantes de los gobernadores patagónicos: la modificación de Ganancias y las privatizaciones. La ausencia de cambios en estos puntos podría generar dificultades en el recinto, especialmente considerando la oposición de senadores patagónicos y otros sectores.
