La Justicia argentina rechazó este lunes el pedido presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para flexibilizar las condiciones de su prisión domiciliaria, que cumple desde el pasado 10 de junio en su departamento del barrio porteño de Constitución.
El Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF 2) ratificó que toda persona que no integre el grupo familiar directo de la expresidenta, su custodia policial, equipo médico habitual o abogados defensores, deberá contar con una autorización judicial previa y debidamente justificada para poder visitarla.
La defensa, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, había solicitado una excepción para una serie de personas que, según argumentaron, forman parte esencial de la vida cotidiana, política y profesional de la exmandataria. El listado incluía a profesionales contables, apoderados administrativos, peritos judiciales, asesores políticos y personas con quienes mantiene vínculos estrechos de amistad.
Asimismo, la defensa destacó el rol político de Cristina Kirchner como “principal líder de la oposición” y “máxima dirigente del Partido Justicialista”, y sostuvo que las restricciones impuestas por el TOF 2 afectan su derecho a mantener vínculos personales y políticos, tanto en el ámbito nacional como internacional. En este sentido, mencionaron la intención del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de visitarla en el marco de su participación en la Cumbre del Mercosur, prevista para los días 2 y 3 de julio en Argentina.
A pesar de estos argumentos, el tribunal decidió mantener las condiciones iniciales del arresto domiciliario. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.