La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal volvió a ponerle un límite al Gobierno: deberá avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
La decisión fue tomada por la Sala III, con los votos de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, que rechazaron la apelación del Ejecutivo y confirmaron la medida cautelar dictada en primera instancia. El fallo responde a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había pedido garantizar la implementación de puntos clave de la norma.
En concreto, la resolución obliga al Gobierno a cumplir con los artículos 5° y 6°, que establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, así como la recomposición y actualización de las becas estudiantiles.
La ley había sido aprobada el año pasado por el Congreso, pero fue vetada por el Poder Ejecutivo, que argumentó que su aplicación ponía en riesgo el equilibrio fiscal. Sin embargo, el Parlamento insistió con la norma y logró ratificarla en ambas cámaras.
Pese a ello, el Gobierno decidió frenar su implementación al sostener que no se había definido con claridad de dónde saldrían los fondos para financiarla. Esa decisión terminó judicializada y derivó en un primer fallo favorable a las universidades, que ahora fue ratificado en segunda instancia.
Se trata de un nuevo revés judicial para el Ejecutivo. En las últimas horas, además, la Justicia laboral suspendió más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral por considerar que podrían entrar en conflicto con derechos garantizados por la Constitución Nacional. Esa medida también fue apelada por el Gobierno.
