La Justicia federal ordenó este martes al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de los salarios docentes y de las becas estudiantiles.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario.
En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso. Según el fallo, esa suspensión aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución Nacional.
Cormick sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras prevista en el artículo 83 de la Constitución, el Poder Ejecutivo no puede introducir una “variante suspensiva” que impida la promulgación y aplicación de una ley vigente.
La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado nacional cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar regirá hasta que se dicte sentencia definitiva.
En sus fundamentos, el juez advirtió que el incumplimiento del deber normativo genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al señalar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del sector universitario. Asimismo, afirmó que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.
El fallo también rechazó el argumento del interés público invocado por el Gobierno y remarcó que el deterioro salarial no solo afecta a los trabajadores universitarios, sino también al derecho a enseñar y aprender. En ese sentido, destacó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del Producto Bruto Interno.
Finalmente, la resolución cuestionó el accionar del Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante un decreto de jerarquía normativa inferior. No obstante, el magistrado aclaró que la medida se dicta en un estadio preliminar del proceso y no implica un adelanto de opinión sobre el fondo de la cuestión.
