La justicia catamarqueña, conducida por militantes y exfuncionarios oficialistas que sólo reaccionan para reclamar presupuestos y sostener una de las estructuras más caras y menos productivas de la provincia, sigue dando vergüenza.
Con el caso del policía Diego Chávez colmaron la paciencia, porque le declararon el cese de la prisión preventiva nada menos que al asesino confeso de un miembro de las fuerzas de seguridad asesinado en cumplimiento del deber.
Nunca antes un jefe de Policía había cuestionado públicamente a la justicia, y esta corte de compañeros lo logró. La policía es auxiliar de la justicia, pero el comisario general Manuel Herrera les puso los puntos, porque es un desastre lo que están haciendo.
Pero claro, si mataron a un ministro del Gobierno y tres años después no hay ni un detenido por el crimen, qué se puede esperar de esta justicia manejada desde una Corte más preocupada en dar cargos a amigos y subir videítos en redes sociales que en atender las causas.
Hoy habrá policías manifestándose en la calle, y la sociedad en general los apoya. Porque lo que hoy viven los policías lo vivieron antes cientos, miles de ciudadanos que sufren injusticias, mientras el Poder Judicial reparte sueldos millonarios entre cientos de altos funcionarios que son un manual de excusas y nunca resuelven nada.
Dicen que la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Y el poder político debería responder por lo que pasa en lugar de mirar para otro lado, porque es este oficialismo que va por su cuarto mandato, el que se ocupó de armar una justicia adicta, con el único propósito de protegerse. Y cuando la división de poderes no se respeta, cuando el Consejo de la Magistratura se hace desaparecer y se nombran fiscales, jueces y secretarios a dedo, las consecuencias están a la vista.
El cabo Chávez es la cara visible del desastre de la justicia catamarqueña. Y es la punta del iceberg, porque hay muchos otros rostros invisibles cuyos familiares están pasando por situaciones muy similares.
