La jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial N°8 de Posadas, Misiones, Adriana Fiori, ha resuelto suspender los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 emitido por el Gobierno, en respuesta a un recurso de amparo presentado por asociaciones de yerbateros. La magistrada argumenta que dicho decreto, que desregula la actividad yerbatera, pone en peligro la prestación de la obra social destinada a los productores registrados en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
El INYM fue creado en el año 2001 como respuesta a las protestas de colonos que recibían menos de 7 centavos de dólar por kilo de hoja verde, siendo el valor actual de referencia de US$ 0,60 centavos. Sin embargo, el DNU 70/2023, impulsado por el gobierno de Milei, eliminó las facultades del instituto para establecer dos veces al año el precio oficial de la hoja verde y la yerba canchada, además de retirarle su poder de policía.
El decreto también propone derogar los artículos 164, 165, 166, 167 y 168 de la ley 25.564, creada en 2002 para establecer el INYM y otorgarle la potestad, entre otras funciones, de fijar los precios de la yerba. Esta medida eliminaba la capacidad del organismo para regular los precios de la materia prima.
En sus fundamentos, la jueza Fiori destacó que “se acredita el riesgo serio e inminente de que, durante el período de feria judicial, miles de pequeños productores yerbateros y sus familias puedan ver menoscabado, afectado, alterado y frustrado su derecho a la salud, previsto en los artículos 33, 42 y 75 de la Constitución Nacional”.
Además, añadió que “esto producirá un daño de características irreparables, determinando ello que, en el caso, se configuran plenamente las circunstancias excepcionales y las razones de urgencia que justifican la habilitación de la feria que se solicita”.