La deuda pública bruta de la Argentina escaló en enero a pesar de que el Gobierno efectuó pagos significativos durante ese mismo mes, según datos oficiales difundidos recientemente. El incremento total del pasivo fue de USD 5.900 millones, un movimiento que llama la atención en momentos en que las autoridades buscan consolidar las cuentas y reducir el riesgo financiero del país.
Este crecimiento —registrado aún después de los fuertes pagos de capital e intereses realizados por el Tesoro y el Banco Central— pone de manifiesto la presión que aún enfrenta el stock de deuda en dólares, en un contexto donde la economía sigue lidiando con desafíos estructurales como la inflación y el déficit fiscal.
El saldo de la deuda bruta acumulada a fines de enero refleja un panorama complejo: por un lado, existe un esfuerzo por cumplir con los compromisos financieros externos para evitar default, y por el otro, el total de pasivos continúa su expansión frente a las obligaciones que deben honrarse en el corto y mediano plazo.
Especialistas en finanzas públicas interpretan este comportamiento como un síntoma de la dificultad para revertir la trayectoria de la deuda en un marco económico que aún muestra desequilibrios. El crecimiento de la deuda bruta, combinada con las necesidades de financiamiento del Estado, genera un desafío adicional para las metas fiscales trazadas por las autoridades.
Las cifras difundidas también abren interrogantes sobre la estrategia de manejo de pasivos y el impacto que estos cambios puedan tener sobre el acceso al crédito y las condiciones en los mercados internacionales. El Gobierno deberá lidiar con estas señales mientras avanza en su agenda económica, con miras a reducir la vulnerabilidad externa y fortalecer la confianza inversora.
Los analistas seguirán de cerca los próximos informes, ya que la evolución de la deuda pública durante los meses siguientes será un indicador clave para evaluar la sostenibilidad de las cuentas estatales y la eficacia de las medidas adoptadas.
