La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la denuncia presentada por el expresidente Alberto Fernández contra su ex pareja Fabiola Yañez debe continuar su curso en la justicia ordinaria, y no en el fuero federal. El caso, iniciado a raíz de la presunta “violación de secreto” por parte de Yañez, está vinculado a la difusión de videos privados del exmandatario, algunos de ellos junto a la conductora Tamara Pettinato.
Según detalló Fernández en su presentación judicial, el material fue obtenido de un celular que él mismo le había prestado a su hijo Francisco, y que habría quedado en manos de Yañez. Desde ese dispositivo se accedió a contenido privado, que luego fue difundido en medios y redes sociales. Entre los archivos se encuentran videos filmados durante su presidencia, en los que se lo ve en una charla informal con Pettinato, bebiendo cerveza y en un contexto íntimo.
La publicación del material coincidió con una denuncia por violencia de género que Yañez presentó contra Fernández, lo que sumó mayor tensión al caso. Inicialmente, la causa fue sorteada en el fuero federal y recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. El expresidente solicitó entonces una medida cautelar para impedir la reproducción o mención del contenido por parte de los medios, petición que fue rechazada por la jueza, quien además se declaró incompetente y remitió el expediente al fuero criminal y correccional ordinario.
Una vez allí, el caso fue asignado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°4. La Procuración General de la Nación se expresó a favor de mantener el proceso en el ámbito ordinario, una posición que fue respaldada por el fallo reciente de la Corte Suprema.
Con los votos de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal supremo dejó firme la decisión y avaló que la denuncia de Fernández se tramite en la justicia nacional ordinaria. Así, el máximo tribunal descartó que se tratara de un caso que involucrara cuestiones de competencia federal.
La causa, por tanto, seguirá su curso ante la justicia ordinaria, donde se analizará si efectivamente existió una violación a la privacidad del expresidente y si se cometieron delitos vinculados a la difusión no autorizada de contenidos personales.