El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que recusará a la jueza Karina Andrade luego de que esta ordenara la liberación de los detenidos por los incidentes ocurridos el miércoles en las inmediaciones del Congreso, durante la marcha de jubilados.
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, confirmó la medida y criticó a la magistrada por su decisión, señalando que “tiene una tendencia garantista que protege más a quienes cometen ilícitos que a quienes cumplen la ley”. En declaraciones a Radio Rivadavia, calificó los hechos como “un ataque a las instituciones y a los porteños”.
Según el gobierno de la Ciudad, los disturbios provocaron destrozos por más de 400 millones de pesos. Tapia detalló que fueron vandalizados 89 contenedores, dos patrulleros, cuatro motos, además del mobiliario urbano y comercios cercanos.
En la misma línea, el jefe de gobierno, Jorge Macri, advirtió sobre la existencia de un “sistema organizado” detrás de los disturbios y aseguró que más de la mitad de los detenidos tenía antecedentes penales por delitos como robo, daño a la propiedad y resistencia a la autoridad.
“Vamos a seguir la causa hasta el final. No vamos a permitir que grupos violentos vengan a sembrar el caos y la destrucción”, sostuvo Macri, quien reafirmó su postura de llevar ante la Justicia a todos los implicados.