El Gobierno, el PRO y otros bloques aliados buscarán mañana aprobar en un plenario de cuatro comisiones de Diputados un proyecto de Régimen Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, y un sistema integral para abordar la problemática de los menores involucrados en el delito.
La iniciativa es resistida por el kirchnerismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y la Pastoral Social de la Iglesia Católica, cuyo titular, monseñor Dante Braida, expresó el fin de semana una fuerte oposición.
El debate se aceleró después de varios hechos de inseguridad que protagonizaron menores de edad. El más impactante fue el caso de Kim Gómez, de 7 años, que fue asesinada por dos delincuentes de 14 y 17 años, que le habían robado el auto a la mamá de la niña y la arrastraron varias cuadras.
Si bien hay 15 proyectos, un despacho que tuvo más consenso será discutido en una reunión con más de 100 diputados que integran las comisiones de Legislación Penal, que preside Laura Machado (PRO), de Familias, Niñez y Juventudes, a cargo de Roxana Reyes (UCR); de Presupuesto, que encabeza José Luis Espert (La Libertad Avanza); y de Justicia, que conduce el libertario Manuel Quintar.
La posición mayoritaria del bloque de Unión por la Patria es contraria a bajar la edad de imputabilidad. Pero el massismo, a través de Ramiro Gutiérrez, presentó su proyecto propio que también fijó en 14 años la edad de punibilidad.
Este domingo, el obispo Dante Braida sumó la voz institucional de la Iglesia Católica en contra de la baja de edad imputabilidad: “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”, dijo.