En el marco del ajuste del gasto público, el gobierno de Javier Milei despidió a 500 empleados estatales y concretó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, una decisión enmarcada en el decreto 70/2023. Con esta nueva tanda de cesantías, la cantidad de trabajadores estatales desvinculados en lo que va del 2024 asciende a 37.595.
La eliminación de esta secretaría implica también el fin del financiamiento de los programas que dependían de ella, incluido el Plan Procrear y el fondo fiduciario que lo sustentaba, afectando así a miles de beneficiarios en todo el país.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida argumentando que representa un alivio para las arcas públicas. “Sin considerar lo de universidades, a un sueldo promedio de 1 millón de pesos por empleado, son 6.500 millones de pesos por año de impuestos que ya no habrá que cobrar. (El valor presente de este gasto son 130.000 millones)”, explicó.
Sturzenegger insistió en que la reestructuración del sector público responde a una estrategia gubernamental orientada a reducir la presión fiscal y fomentar la actividad privada. “La racionalización del gasto público para poder seguir bajando impuestos y devolverle capacidad de gasto al sector privado es un imperativo que nos exige el presidente”, subrayó.
Motosierra. Ayer se nos pasó comentar a resolución 150/25 con firma de @LuisCaputoAR que completa la disolución de la Secretaría de Hábitat impulsada por el Decreto 70/25. La construcción estatal de viviendas es una mala política habitacional (tiende a aislar a la gente del…
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 21, 2025