Medios periodísticos de Tucumán dan cuenta de presuntas coimas en la Cámara Federal de aquella provincia. Hecho que está causando un revuelo en la justicia.

La denuncia fue interpuesta contra un allegado de un vocal de la Cámara Federal de Apelaciones. El caso involucra a una funcionaria judicial que aspira a convertirse en jueza federal N°1 de Tucumán. El fiscal detectó que el denunciado había asistido a una reunión con el denunciante en un vehículo registrado a nombre de la Corte y asignado a un juez de la Cámara Federal. El denunciado dijo que no había pruebas: “armaron todo este montaje para ensuciar a mi pareja, que está ternada, y a mí”.

Una denuncia sobre el supuesto intento de venta de sentencias, que enfrenta a funcionarios públicos e involucra a un círculo afectivo con múltiples vínculos laborales en el Estado, colocó a la Justicia Federal de Tucumán en el trance de tener que investigarse a sí misma. La noticia de presuntos hechos de corrupción ingresó el 29 de abril de 2025 mediante la presentación espontánea de Mario Alberto Martínez Salazar Pérez en la Fiscalía Federal N°2 a cargo del fiscal subrogante Agustín Chit. Con el apoyo de capturas de pantalla y de grabaciones, el denunciante, que es jefe interino de la División Investigación de la Dirección Regional Tucumán de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), narró cómo Luis Alejandro Ontiveros, a quien identificó como “sobrino” del camarista federal Mario Leal, le habría ofrecido un fallo favorable por medio de su “tío” a cambio de una coima. La denuncia refiere que la pareja de Ontiveros, Solana Esther Casella, sería la relatora de Leal encargada de redactar la sentencia ofertada. Casella se desempeña como directora de Despacho interina de la Cámara y es una de las concursantes ternadas para ser jueza federal N°1 de Tucumán.

El expediente generado a raíz de la presentación del jefe de ARCA se tramita en el Juzgado Federal Nº2 encabezado por el juez José Manuel Díaz Vélez. Durante la investigación, el fiscal Chit logró determinar que Ontiveros se presentó a una cita con Martínez Salazar Pérez en un vehículo Fiat Toro bordó con dominio AE026UD registrado a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en uso de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. “Ese dato fue corroborado por la propia Cámara Federal, en tanto por oficio se indicaron los vehículos asignados a las vocalías y figura el vehículo Fiat Toro color bordo dominio AE026UD, con destino a la vocalía de Mario Leal”, refirió Chit en su dictamen.

El fiscal además dio por probado que entre el denunciado y el camarista existe “un vínculo personal no filial”; que el primero utilizaba la billetera virtual del segundo para pagar consumos; que su pareja (Casella) era relatora asignada al juez y que uno de sus hermanos, Gustavo Ramón Ontiveros, también trabajaba en el Poder Judicial de la Nación. Chit acreditó que el denunciado había prestado servicios en la ex AFIP (hoy ARCA), donde trabaja aún Martínez Salazar Pérez.

En una consulta realizada en julio de 2025 con Juan Andrés Robles, abogado del denunciante, este confirmó la veracidad de las actuaciones. Pablo Maximiliano Macaron, defensor de Ontiveros, fue contactado por teléfono y correo electrónico, pero no acusó recibo de los pedidos de entrevista. Tampoco contestó el juez Leal. Ontiveros a continuación se presentó y solicitó “ser escuchado”, tras lo cual envió su posición por correo electrónico en la que afirmó que sólo existía una denuncia; que no había pruebas en su contra pese al “batallón de medidas” practicadas, y que era objeto de un proceder lesivo de sus derechos constitucionales y parcial, que lo había llevado a recusar a Díaz Vélez. Específicamente se quejó de que lo hayan sometido a una intervención telefónica, y a la posterior requisa personal y secuestro del celular “sin ningún fundamento ni indicio” que pueda sostener razonablemente la comisión de algún delito.

“La realidad de toda esta situación es que mi pareja (Casella) se encuentra ternada para el cargo de jueza federal con competencia electoral N°1, y armaron este montaje para ensuciarla a ella y a mí”, manifestó Ontiveros. Y añadió que, a su vez, había denunciado a su denunciante por presunto falso testimonio: “él actuó por un intento desesperado de defender a su hijo Jerónimo Martínez Parada, quien actualmente se encuentra procesado por (la posible comisión de) lavado de activos y de asociación ilícita por (presuntas) estafas piramidales en Catamarca. Lo que busca es la nulidad de ese proceso”.

La denuncia

Bajo juramento, Martínez Salazar Pérez expresó a Chit que el contacto con Ontiveros se había dado en un momento en el que la situación procesal de su hijo, Martínez Pareja, estaba en manos de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que integran, además de Leal, los jueces Fernando Luis Poviña, Marina Cossio, Ricardo Sanjuan y Patricia Moltini. Según una publicación de La Gaceta, Martínez Pareja fue indagado en 2022 y, a continuación, quedó detenido.

El padre del imputado contó al fiscal Chit que Ontiveros se puso en contacto con Martínez Salazar Pérez mientras la Cámara analizaba una falta de mérito dictada en favor de Martínez Pareja. La denuncia indica que la notificación de WhatsApp entró el 15 de abril de 2025 por la mañana de parte de un contacto agendado como “Luis Ontiveros, sobrino Marito Leal” con una propuesta para tomar un café. Martínez Salazar Pérez explicó que el remitente figuraba así porque de ese modo una compañera de trabajo, Silvia del Carmen Martínez, le había mandado el número dos años atrás. El denunciante y el denunciado, siempre según el relato del primero, ya se conocían de modo presencial puesto que en 2023 se habían encontrado en el bar Del Turista, en San Miguel de Tucumán: un compañero de Martínez Salazar Pérez, funcionario de la ex AFIP -hoy ARCA-, Juan José de la Cruz, le había comunicado que Ontiveros, quien también prestó servicios en esa institución, quería verlo.

“En la cafetería Del Turista, Ontiveros apagó el celular y me hizo apagar el mío, y me comentó sobre el trámite de la causa en la que se investiga a mi hijo. Me dijo que a cambio de U$S 100.000 podría encargarse del sobreseimiento de mi hijo en tanto su esposa (Solana Esther Casella) trabajaba como relatora del camarista Mario Leal. En ese momento le dije que no tenía ese dinero, me molesté mucho, me sorprendí, me levanté y me fui”, indica el acta confeccionada en la Fiscalía acerca del primer encuentro de 2023.

La denuncia precisa que recién hubo una segunda comunicación el 15 de abril de 2025, cuando Martínez Salazar Pérez decide aceptar la invitación de Ontiveros y lo cita por la tarde de aquel día en el bar Sole Mio ubicado en el centro comercial Open de Yerba Buena (Tucumán). “Al llegar, vi que el bar estaba cerrado. Entonces, advertí que Ontiveros había estacionado su vehículo Corolla Cross, patente AF397CU. Me hace señas y yo subo. Entonces me dice ‘ya sabés cómo es esto, tenemos lo de tu hijo para resolver, son U$S 80.000’”, explicitó. Y añadió que él pregunta qué incluía ese importe, y que Ontiveros responde “el incidente” en referencia a un pedido de prisión preventiva contra su hijo Martínez Pareja, que en aquel momento se encontraba en trámite ante la Cámara que integra Leal, y que le recuerda que su esposa Casella era la relatora que tenía el tema para resolver. “Me dijo, además, que existían votos de tres a dos en contra para dar a entender que iba a salir una resolución en favor de la detención de mi hijo. Ontiveros me aclara que a cambio de esos U$S 80.000 podría revertir los votos para evitar la detención, pero que tenía que dar una respuesta para el día siguiente”, relata el denunciante.

El acta labrada en la Fiscalía 2 menciona que, a partir de esa segunda reunión, Martínez Salazar Pérez comienza a pedir “tiempo” a Ontiveros, quien al día siguiente, 16 de abril de 2025, le envía un mensaje de audio para preguntarle qué había decidido, que el receptor “no logra grabar”. El denunciante cuenta que le responde que lo espere y que “tendrían que ir a resultado” (del fallo). Entonces Ontiveros le manda un nuevo audio que sí consigue grabar con otro teléfono donde le garantiza “que una parte irá a resultado”, pero que quiere saber “si avanzamos”, a lo que Martínez Salazar Pérez contesta que, para reunir el dinero, tenía que vender un auto.

Siguen las conversaciones hasta que finalmente el 21 de abril a las 18.30 las partes vuelven a verse en el bar Nico, también ubicado en el Open de Yerba Buena. Martínez Salazar Pérez acude preparado con un micrófono oculto con el que graba la conversación puesto que otra vez debe apagar el teléfono. “Ontiveros me dijo que si yo aceptaba (el trato), tendría que entregar una primera parte y, luego, la segunda cuando, 15 minutos antes de que salga publicada la resolución, él me la comparta. En ese momento le digo que no y no vuelvo a tener contacto con él”, detalla en el acta. La denuncia consigna que Martínez Salazar Pérez aportó videos y fotografías del encuentro en el bar Nico, y un dispositivo de grabación de audio, así como capturas de pantalla de los chats.

El secuestro del teléfono

Al día siguiente de recibir la denuncia, el fiscal Chit peticionó al juez Díaz Vélez que autorizara el tráfico de comunicaciones, y de datos del teléfono de Ontiveros en las fechas correspondientes a los distintos encuentros entre aquel y el denunciante. En ese dictamen, el fiscal informó que se había determinado que el denunciado mantenía una relación de pareja con Solana Esther Casella, abogada y relatora de Leal. Chit añadió que Ontiveros tenía como empleadores registrados a ARCA, y a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Y observó que existían numerosas publicaciones en las que Ontiveros y su pareja, Solana Casella, aparecían junto a Leal como docentes de la UNT (adjuntó una foto a modo de ejemplo). El 30 de abril, Díaz Vélez autorizó la medida y, luego, la ratificó ante los planteos de nulidad formulados por la defensa por considerarla infundada, arbitraria y excesiva.

De la página web de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales surge que Ontiveros se desempeña como jefe de trabajos prácticos y que Casella es docente auxiliar, mientras que Leal tiene el cargo de profesor titular de la cátedra de Derecho Privado I. Los tres son compañeros en esa asignatura. Según las resoluciones publicadas por el Poder Judicial de la Nación, Casella ingresó en 2021 a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante una designación sin concurso. Primero se desempeñó como escribiente y, desde el 6 de julio de 2023, es jefa de despacho contratada interina con afectación a la función de relatora de Leal (Acordada 47/23). Previamente, Casella se había inscripto en el concurso abierto en el Consejo de la Magistratura de la Nación para cubrir el Juzgado Federal N°1 de Tucumán. El 31 de octubre de 2024, el Consejo envió al Poder Ejecutivo de la Nación una terna donde Casella cierra la propuesta. Los otros concursantes con chances de ser nombrados son Carlos Ezequiel Oneto y Carlos Eduardo Saltor (en la lista complementaria están Pablo Roberto Toledo, Pablo Camuña y Gonzalo Stordeur).

El 14 de mayo de 2025, el fiscal Chit firmó un dictamen en el que afirmó que estaba probado que Ontiveros había acudido a los lugares mencionados por Martínez Salazar Pérez en la denuncia. En esa oportunidad, Chit dijo: “esta Fiscalía determinó que el vehículo en el que se habría movilizado Luis Ontiveros (a la reunión del 15 de abril) pertenece a Solana María Cainzo”. Al último encuentro el denunciado había acudido en un vehículo Fiat Toro de la Corte de la Nación. Con esta evidencia, pidió al juez Díaz Vélez la intervención de las comunicaciones telefónicas y de mensajes de texto de Ontiveros por un plazo de 15 días, e insistió con la remisión del tráfico de comunicaciones de aquel en el período relativo a los contactos con Martínez Salazar Pérez.

A partir de tales indicios, el juez Díaz Vélez dispuso la requisa del teléfono de Ontiveros en la vía pública. El 4 de junio, la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales abordó al denunciado en Yerba Buena mientras este caminaba con su hermano Ricardo Ángel Ontiveros, quien dijo que era “empleado público”, y le exhibió la orden judicial. Según consta en el acta del procedimiento, Luis Ontiveros primero trató de frustrar la medida mediante la entrega del celular, que estaba apagado, a su hermano, y la afirmación de que no tenía el aparato. Pero, luego, al ver que el juez había resuelto extender la requisa a Ricardo Ángel Ontiveros y que las fuerzas de seguridad se llevaban los dos dispositivos que habían encontrado en sus bolsillos, el denunciado dio marcha atrás y reconoció el suyo.

La causa siguió avanzando y, el 23 de junio, Díaz Vélez notificó el otorgamiento del rol de querellante a Martínez Salazar Pérez, quien lo había solicitado por medio del abogado Robles. En ese punto se presentó Macaron, defensor de Ontiveros, y se opuso. En su escrito dijo que era imposible la hipótesis de que Martínez Salazar Pérez fuera la persona ofendida por el delito. “La versión que plantea la denuncia carece del menor grado de credibilidad para cualquier persona común”, adujo.

“El potencial ilícito sólo podría haber sido realizado por vocales”

Macaron negó que Martínez Salazar Pérez y Ontiveros hayan conversado en los términos manifestados por el primero. En particular, desmintió que el segundo haya usado la camioneta Corolla Cross identificada por el denunciante y que conozca a su titular (Cainzo). Por su parte Ontiveros insistió en ese último punto, que es el eje de la denuncia penal que interpuso contra Martínez Salazar Pérez: “jamás tuve contacto ni con ella ni con su auto. Hemos pedido en numerosos escritos presentados ante el juez y ante la Fiscalía que llamen a la ciudadana Cainzo para que declare si me conoce, si me prestó su vehículo, y si sucedieron los hechos que el denunciante indica. Pero el juez, a pesar de todas las veces que le pedimos que haga esto, no lo hizo y el fiscal tampoco. El juez nos respondió que esta medida no ‘resulta pertinente ni útil para la investigación’. Es fácil advertir que la prueba que solicitamos es importantísima porque, con ese solo testimonio, se comprobaría que nunca existió ese segundo encuentro en ese auto”.

Respecto del primer encuentro referido por Martínez Salazar Pérez, Ontiveros reiteró que no había pruebas. En cuanto al tercero, Ontiveros dijo que el denunciante había aportado un audio -grabado con micrófono oculto- “mintiendo que allí se escuchaba una conversación en la que yo le pedía plata a cambio de influencias en la causa de su hijo”. El denunciado subrayó que del propio informe de la Gendarmería surgía que esa grabación era “inaudible”: “lo único que se transcribe es un diálogo donde no se escucha nada relevante a los efectos de la investigación. No existe ningún elemento en esa conversación desgrabada mínimamente referido al pedido de sumas de dinero, que demuestre la existencia de influencias y, mucho menos, que se hubiera hablado de una causa judicial”.

Idéntica postura sostuvo el denunciado respecto de los “supuestos mensajes de WhatsApp” que Martínez Salazar Pérez manifestó que había recibido de su parte y grabado con otro aparato: “obviamente no tiene ninguna prueba que indique que así sucedió. En el hipotético caso de que fuera real no contiene ningún elemento que pueda configurar alguna figura punitiva o alguna expresión que indique que se solicitaba una suma de dinero, una promesa de influencias o una causa judicial. Sencillamente esos supuestos mensajes no prueban nada”.

En la oposición a la concesión del rol de querellante, el defensor Macaron expresó: “la hipótesis que sostiene el denunciante es clara: mi mandante habría ofrecido influencias basadas en relaciones con una empleada relatora capaz de conmover el voto de toda una Cámara conformada por cinco jueces. Es decir, pretende hacer creer que mi defendido cometió el delito de ofrecer una sentencia que sacaría la mencionada relatora como si los jueces firmaran los relatos escritos por los empleados sin leerlos, y el poder de decisión y la competencia de la magistratura la tuvieran los empleados y no los jueces”. Y agregó: “esto nos llevaría a concluir que en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán existiría una asociación ilícita entre los cinco vocales, cuya jefa es la relatora en cuestión”.

Aunque reconoció que aún no se había precisado delito alguno, el defensor planteó que la relatora vinculada a su defendido (Casella) carecía de idoneidad para ser sujeto activo de la conducta ilícita puesto que sólo podían cometerla los funcionarios públicos que cumplan o tengan las competencias y funciones de la magistratura y de las autoridades de los ministerios públicos. “Una relatora no posee esas facultades ni funciones, sino que actúa bajo las órdenes directas de los magistrados. El potencial ilícito sólo podría haber sido realizado por vocales de la Cámara Federal de Apelaciones, que deberían estar de acuerdo ya que se trata de un órgano colegiado. Como se observa, esta hipótesis no sólo es imposible, sino que hasta califica de ridícula”, afirmó.

Macaron expresó que la mencionada relatora (Casella) nunca había estado sorteada y asignada a la causa de Martínez Pareja, y que esto podía ser chequeado. “En tercer lugar, la relatora se encontraba en uso de licencia ininterrumpida por maternidad y por compensación de feria desde el nacimiento de su hija el 30 de enero de 2025 hasta el 2 de junio de 2025. Esto también puede ser corroborado con un simple oficio a la Cámara Federal de Apelaciones”, manifestó el defensor.

En su contestación al escrito de Macaron y de Ontiveros, el denunciante dijo que el planteo debía ser rechazado in limine porque la única forma de cuestionar el rol de querellante es mediante la interposición de una excepción, algo que no había sucedido y, por lo tanto, su recurso de reposición era improcedente. Por otro lado, adujo que, al negarle el carácter de ofendido, el defensor pretendía discutir los hechos en el incidente y que la hipótesis criminal estaba “largamente avalada”. “Respecto de mi calidad como directamente ofendido desde el momento en el que el reclamo dinerario indebido para obtener una sentencia favorable se me efectuó en forma personal y directa por parte del imputado, no creo que tenga que decir más. Es esa hipótesis la que debe ser analizada”, resumió Martínez Salazar Pérez. Y agregó que estaba acreditada la vinculación de Ontiveros con personas que trabajan en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, lo que demuestra su capacidad real de influir en el resultado. “Es evidente que este tipo de comportamientos no sólo afectan a la justicia, sino también a las partes y a todos los ciudadanos que de uno u otro modo aparecen involucrados”, añadió.

El 11 de agosto de 2025, el juez Díaz Vélez confirmó el otorgamiento del rol de querellante del denunciante, y, paralelamente, descartó los planteos de nulidades y recursos presentados por la defensa. Al menos dos de esas decisiones y la recusación deben ser consideradas por la Cámara Federal donde trabajan Leal y Casella. Mientras tanto está pendiente el resultado de la peritación del celular iPhone de Ontiveros, que originalmente había sido solicitada a la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación, pero, ante la imposibilidad de ese organismo de actuar con rapidez, por fin fue requerida al Equipo Científico Forense (ECIF) del Ministerio Público Fiscal de la provincia. La apertura del teléfono y la extracción de los datos quedó programada para este 20 de agosto. La información que arroje esta medida podría ser determinante para esclarecer no sólo si Ontiveros ofertaba sentencias a cambio de dinero, sino también si, en el primer supuesto, lo hacía por sus propios medios o contaba con la colaboración de actores de la Justicia Federal de Tucumán.