Fuentes oficiales explicaron que serían alcanzadas unas 12 mil personas, a las que se les aplicaría un gravamen que va desde el 2% hasta el 3,5% del patrimonio.
Esta mañana hubo una reunión del bloque de diputados del Frente de Todos y se definió avanzar con el proyecto, que ya comenzó a circular entre los diputados para su análisis. En el encuentro del que participaron de manera presencial en la sala del bloque Máximo Kirchner, Sergio Massa, Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau, y de manera remota Fernanda Vallejos, Carlos Heller y Leopoldo Moreau, entre los otros miembros del bloque, se consensuó la agenda de trabajo. La semana próxima habrá reunión de la Comisión de Presupuesto de cara a sacar dictamen en 15 días.
Si bien en el oficialismo confían en que el proyecto se pueda sancionar en el Congreso, lo cierto es que, al tratarse de una iniciativa impositiva, requiere para su aprobación de mayorías especiales, es decir 129 votos en Diputados.
En principio, el proyecto que se terminará de pulir antes de ingresar a Diputados, tendría la siguiente escala de alícuota según el patrimonio declarado hasta el 31 de diciembre de 2019: 2% para ente $200-$300 millones; 2,25% hasta $400 millones; 2,75% hasta $600 millones; 3% hasta $800 millones; 3,25% hasta $1.500 millones; y 3,5% para más de $3.000 millones. Según los cálculos realizados, alrededor de la mitad de las personas alcanzadas por este aporte tienen entre $200 a $400 millones.
Al respecto, fuentes del Frente de Todos le contaron a Ámbito que si en vez de partir de 200 millones de pesos se hubiera mantenido la idea inicial de los $130 millones, se incorporarían 20.000 personas más, pero “el monto recaudado hubiera sido muy poco”. En ese sentido, señalaron que hay un punto de equilibrio, que afecta a la menor cantidad de personas posible, con la mayor recaudación.
Mientras el Gobierno avanza en el plan de la economía pospandemia, en el oficialismo hacen énfasis en que el gravamen impactará en el patrimonio de las personas humanas pero no afecta en nada a las empresas, que serán las que deberán en articulación con el Estado, dar los primeros pasos para la recuperación económica.
El proyecto que se consensuó en el oficialismo sostiene que por el total de bienes en el exterior las personas humanas tributarán un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondería. Pero si el contribuyente trae el 30% de sus tenencias financieras que tienen declaradas en el exterior, la sobre tasa se elimina y paga por todo como si lo tuvieran en el país.
Las mismas fuentes explicaron que tal como se definió desde un primer momento, el aporte solidario tiene como finalidad atender la situación de los sectores más afectados por la pandemia.
Según se estableció, los fondos recaudados con el impuesto a las grandes fortunas, se destinarán con una afectación específica. Habrá un 20% destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria. También, se contemplará un 15% para habitantes barrios populares en proceso de integración urbana, y un 25% para programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de ENARSA (deberá reinvertir las utilidades en nuevos proyectos) que deberá coordinarlo con YPF. Otra parte de lo recaudado será para financiar el relanzamiento del plan Progresar para que las personas jóvenes puedan seguir estudiando.
En esa línea de asistencia el proyecto del oficialismo prevé que el Poder Ejecutivo deberá realizar una distribución federal de los recursos extraordinarios. De esta forma, el objetivo es que los beneficios previstos alcancen a todo el país, según los efectos económicos y sanitarios que la pandemia genera en todas las provincias, aunque con diferentes escalas de impacto.
Para dimensionar lo que representan los fondos que se esperan recaudar con el impuesto extraordinario, en el oficialismo explicaron que en agosto los gastos e inversiones que tendrá que realizar el Estado Nacional para atender las consecuencias de la pandemia suman $870.000 millones. Se trata del equipamiento de salud, los hospitales modulares, el IFE, el ATP, los bonos a las personas jubiladas, la asistencia financiera a las provincias, la asistencia financiera a PAMI y el refuerzo de los planes alimentarios. Es decir, que los $300.000 millones representan solamente el 34% del gasto del Estado.