Hoy comienza la sesión que se espera termine mañana (viernes 11) con la media sanción del proyecto en Diputados (tal como ocurrió en 2018). Los siguientes serán los ejes de discordia entre “verdes” y “celestes” de lo que se calcula será “una sesión maratónica” de más de 30 horas.
“Avalar el aborto representará un alto porcentaje del presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación”
Es un argumento de los sectores que se oponen a la legalización. Sin embargo, ante el plenario de comisiones, el titular de la cartera de Salud, Ginés González García, se ocupó de especificar los costos a los que actualmente hace frente el Estado: “Hay 1.100 o 1.200 abortos en el día de hoy, unas 100 o 120 internaciones solo en los hospitales públicos (…) Cuesta 10 veces más el costo hospitalario de la post-internación que el costo previo de utilizar tecnología moderna e innovativa (…) Es enorme el impacto económico, solo en el sector público, de las internaciones como consecuencia de que el aborto sea clandestino”. Por innovación el ministro hizo referencia a los abortos medicamentosos, bajo provisión ambulatoria de Misoprostol.
“No se puede obligar a los médicos a que hagan lo que dice la ley sin más”
Es un argumento de los sectores que se oponen a la legalización, y perciben la normativa como un atentado contra la libertad individual de conciencia y opinión. En el artículo 10 el proyecto del Ejecutivo garantiza el derecho de las y los profesionales de la salud que tengan que intervenir de manera directa en la interrupción de un embarazo a ejercer la objeción de conciencia, a la vez que deben “derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”.
Entre los cambios que el dictamen de las comisiones de la Cámara Baja consensuó ayer se agregó el artículo 11, que afianza la obligación de establecimientos privados y de obras sociales a hacerse cargo de las gestiones y los gastos de las derivaciones que supongan asegurar el acceso a la práctica en el caso de instituciones que presenten a todos sus profesionales como objetores personales. Lo que desde los movimientos feministas alertan como una “objeción institucional encubierta”.
“El aborto no es un tema que les preocupe a las mujeres pobres”
También es una frase de los sectores que se oponen al aborto legal. Desde Tartagal, Salta, enuncia Edith Martearena, comunicadora indígena e integrante de la Organización de Mujeres Indígenas ARETEDE: “El aborto no tiene clase social. Decir que se trata de un tema de las mujeres burguesas es una forma más de invisibilizar a quienes no tenemos posibilidades ni accesos. Nosotras vivimos y sufrimos una doble discriminación, por ser mujeres e indígenas. Sabemos que las mujeres ricas abortan seguras con médicos que atienden en sanatorios privados, que son los mismos médicos que después a nosotras nos señalan cuando llegamos con un aborto a un hospital público. No todas recibimos educación sexual ni tenemos acceso a métodos anticonceptivos ni vivimos en condiciones para hacernos cargo de un hijo. Esta ley garantiza que tengamos las mismas posibilidades de muchas mujeres que pueden pagar. Pedimos que se legalice el aborto para no morirnos”.
“El aborto interrumpe una vida”
Es un argumento de los sectores que se oponen a la legalización, compartido por quienes militan y luchan a favor de la sanción de la ley. Es decir, tanto “celestes” como “verdes” entienden que el aborto supone la terminación de la vida intrauterina por decisión de la persona que gesta. La disidencia surge cuando se intentan equiparar vidas con personas.
Así lo explica la reconocida abogada Soledad Deza: “Una cosa es que haya vida y otra que haya persona. Persona es una categoría jurídica. Hay persona recién cuando hay un nacimiento con vida, según los artículos 19 y 21 del Código Civil. A través de un recurso del lenguaje se asemejan comportamientos que ni para el derecho penal son asemejables. Por eso la pena para el homicidio es distinta, mucho más grave, que la del aborto en el Código Penal, lo cual no sería posible si se considerara desde el derecho que terminar con una vida en gestación es igual a terminar con una vida de una persona. Para el derecho la protección de la vida es gradual e incremental. ¿Hay vida? Sí, hay vida. Pero en un caso hay una persona y en el otro no”.
Deza también destaca que en Argentina no existen los derechos absolutos: “Con el aborto hay una tensión de derechos, porque puede haber un derecho a la vida en el embrión o en el feto que necesariamente debe ser ponderado con el derecho a la autonomía, a la salud, a una vida libre de violencias y a la libertad sexual, entre otros”.
“Hasta la semana 14, simplemente porque sí, una persona puede disponer de la vida de otra persona”
Es un argumento de los sectores que se oponen a la legalización. A las precisiones sobre la categoría jurídica “persona” ya mencionadas, quienes buscan que se descriminalice el aborto por voluntad de la mujer señalan que, hasta donde existen evidencias científicas, dentro del primer trimestre de gestación (semana 14) la vida intrauterina no desarrolló el tallo neuronal y, al no tener actividad cerebral, carece de atributos propios de la personalidad humana como son la capacidad de sentir o de tener conciencia.
Nuevamente, Deza explica los alcances normativos de la interrupción: “La capacidad de sentir es una característica esencial para la atribución de personalidad moral. Como no se tiene atribuciones morales propias de un ser humano, en la tensión de derechos no es moralmente reprochable suprimir la vida fetal para resguardar otros derechos. No es lo mismo un feto de 14 semanas que uno de 28 semanas, las consecuencias de esas diferencias embrionarias se reflejan en el derecho. Por lo tanto no es lo mismo suprimir una vida fetal dentro del primer trimestre que hacerlo después”.
“Si se legaliza el aborto, todas saldrán a abortar”
También es un argumento “celeste”. Misma estrategia se utilizó para rechazar la ley de divorcio, de identidad de género y de matrimonio igualitario. Lo que plantean desde la reivindicación del derecho a decidir de la mujer es que seguramente si se legaliza la IVE se incrementarán las estadísticas oficiales de aborto, actualmente sub-registradas por la ilegalidad. Por otro lado, la experiencia de países donde la práctica se legalizó, como Uruguay, muestra que lo que disminuye a cero son los abortos inseguros y la muerte materna.